Recordemos: el conflicto tuvo su origen en la promulgación de un paquete de decretos legislativos durante el segundo gobierno del presidente García. Ellos obedecían al intento de adecuar la legislación peruana al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Ahora bien, algunas de las normas dictadas por el Poder Ejecutivo afectaban directamente a las comunidades nativas y pueblos indígenas, y se relacionaban con la toma final de decisiones sobre recursos ambientales. Ninguna de esas disposiciones fue consultada con nuestros hermanos amazónicos.
No sólo eso, el entonces presidente se amparó, para justificar la dación de estos decretos, en una serie de artículos periodísticos bajo el título de “El Perro del Hortelano”. En ellos la inversión privada era sacralizada y se indicaba que cualquier persona que presentara objeciones a la misma, debiera ser visto casi como un enemigo del país. Los pueblos indígenas eran concebidos como comunidades ciudadanas de segunda categoría que se hallaban manipuladas por grupos izquierdistas transnacionales que influían inadecuadamente en su pensamiento.
Para agravar más aún la situación, se montó un operativo policial que fue diseñado de la peor manera. Renunciando al diálogo, el Estado se olvidó de buscar consensos y acuerdos para así lograr fortaleza y legitimidad en la decisión adoptada. No podemos, de otra parte, dejar de mencionar la inusitada violencia con la que respondieron los nativos frente a la policía, lo cual condujo al asesinato de miembros de la fuerza de orden y de civiles, actos que, evidentemente, deben ser sancionados.
Actualmente se ha iniciado un juicio que comprende solo lo ocurrido en la denominada “Curva del Diablo”, juicio que requiere de todas las garantías para un debido proceso. Lo señalado implica, entre otras cosas, el adecuado uso de intérpretes y traductores para una adecuada comprensión del modo de ser y de actuar de nuestros pueblos amazónicos sin que ello implique, claro está, una justificación de hechos sancionados por la Ley ni la consagración del mito del “buen salvaje”. Se requiere también que avancen los demás procesos, entre otros aquellos que juzgan el asesinato de policías en la Estación 6, la muerte de mestizos y nativos en Bagua, así como la desaparición del mayor Felipe Bazán.
Ahora bien, las tareas pendientes, a un lustro de esos hechos, exceden lo judicial. Si bien es cierto que este gobierno ha promulgado una Ley de Consulta Previa, también resulta claro que su implementación viene avanzando con relativa lentitud y no goza de los favores de un importante sector del empresariado. En una triste secuela del discurso del “Perro del Hortelano”, el gerente de una conocida empresa minera ha señalado que “cualquiera que se pone una pluma ya tiene derecho a ser consultado”, evidenciando así el menosprecio que un sector de peruanos tiene hacia el resto de sus compatriotas y el pobre entendimiento sobre la consulta previa como un derecho fundamental de los integrantes de los pueblos indígenas.
Finamente, si bien es verdad que el actual presidente ha visitado en repetidas oportunidades las regiones amazónicas, no parece tener, sin embargo, una política especial para la selva, ni en su gobierno se han ejecutado medidas importantes para garantizar los derechos de las comunidades nativas. Un gobernante que dice tener como principal bandera la inclusión social debiera mirar con mayor atención a una región del país tradicionalmente postergada e incomprendida desde la capital de la República.
