[Publicado en Sputnik Mundo] La trata de personas es un mal que afecta a miles de personas en la región, sobre todo a mujeres y niños. A pesar de las cifras alarmantes, se mantiene como uno de los delitos más impunes, con bajísimas tasas de procesamientos judiciales.
Los números sobre la trata de personas en América Latina son aterradores. Según datos presentados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre 2002 y 2016 fueron registradas 13.166 víctimas en 14 países de la región. La nebulosa alrededor de las cifras disponibles podría significar un incremento sustancial del número de casos.
La gravedad del asunto es tal que el Observatorio Latinoamericano Sobre Trata y Tráfico de Personas (ObservaLATrata) expresó en una audiencia ante la CIDH en Montevideo que se constituye la «industria de mayor crecimiento» en la región.
Según explicó a Sputnik Cécile Blouin, investigadora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica del Perú, las causas estructurales de la trata están vinculadas a «factores institucionales». La falta de control de los Estados en algunas zonas —especialmente las fronteras—, la informalidad y la corrupción alimentan a esta realidad.
En base a los indicadores disponibles, un 78% de las víctimas son mujeres, mayoritariamente sometidas a la explotación sexual. Esta actividad criminal representa un 64% de los casos de trata. Por detrás está la explotación laboral (27%) y la venta de niños (7%).
«Los datos oficiales de los Estados lamentablemente son deficientes, pero es lo que tenemos», apuntó Blouin.
La dificultad de manejar información que revele de manera más clara estas formas de esclavitud reside en que los datos no son registrados de manera sistemática y comparable en todos los países. Muchas veces existe más de un registro en una misma jurisdicción. La tipificación del delito de trata, si bien existe en la mayoría de las naciones, difiere en sus características de lugar en lugar.
Hay una discordancia entre el número de personas desaparecidas y aquellas que efectivamente están registradas como víctimas de trata. Otros casos se dan en zonas donde no hay acceso a la justicia, por lo que el número podría ser «mucho más amplio» de lo que arrojan las informaciones oficiales.
En particular, los pueblos indígenas, la población fronteriza o los migrantes muchas veces no son identificados por los Estados como víctimas de trata, ya que esos sectores vulnerables no logran denunciar sus casos.
«Esa es la primera audiencia regional sobre trata de personas y la idea es visibilizar el tema en el sistema interamericano de derechos humanos. Desde allí, todavía no hay muchos esfuerzos dados, ya que pocos casos llegan», aseguró Blouin, una de las responsables del informe entregado a la CIDH.
En la audiencia, la experta citó datos de la Oficina de Drogas y Crimen de Naciones Unidas que revelan que menos de la mitad de los responsables de casos de trata (46%) son procesados. De ese número, apenas por debajo de un tercio (28%) son condenados.
De cada 100 personas investigadas en toda la región, solo 13 llegan a un tribunal de primera instancia. En Bolivia, según la Fiscalía General del Estado, en 2012 había 2.119 casos abiertos por trata y tráfico de personas, pero solo 12 contaban con sentencia, «lo que equivale a un 99,5% de impunidad», denunció la investigadora.
Parecida es la situación en Ecuador, donde en 2011 hubo 74 denuncias, de las cuales «ninguna resultó en una sentencia condenatoria». En Perú, menos de 3% de los procesados por trata reciben un fallo judicial.
A criterio de los integrantes de ObservaLATrata, esto se debe a la falta de capacidades en los operadores de justicia y al desconocimiento sobre este delito. La falta de recursos y destinados al tratamiento desde las estructuras oficiales hace que muchas veces los servicios recaigan sobre la sociedad civil.
Además, los programas de víctimas y testigos son poco efectivos, ya que en ocasiones se enfrentan los denunciantes a sus explotadores. La corrupción de los funcionarios públicos es un punto clave: los agentes fronterizos a cambio de coimas hacen la vista gorda; otros no efectúan los controles debidos en los lugares de explotación por el pago de sobornos. Ante este escenario, los activistas exigen acción de la justicia interamericana.
«Son muchísimos retos, pero el mensaje para la Comisión es que se ponga a investigar y pueda sacar un informe regional temático de la trata de personas y pueda crear una unidad específica para trabajar el asunto más de cerca», concluyó.
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