[Editorial] Elección sin garantías democráticas

El reciente debate entre candidatos a la Presidencia desarrollado en Cajamarca confirma la perspectiva surgida al final de la primera vuelta: cualquiera sea el candidato ganador el 6 de junio, a la democracia peruana la esperan cinco años más de duras pruebas y serios peligros.

El quinquenio que ahora termina ha puesto en evidencia la fragilidad de nuestro sistema democrático. En rigor, eso no se ha debido tanto al diseño institucional fundamental sino a la profunda crisis del sistema de mediación y de representación política. Ese es un problema que se arrastra desde hace décadas y que se ha agravado en los últimos años. Su expresión visible es la desaparición de partidos políticos, la pulverización de la representación y el surgimiento, en lugar de partidos, de una variada constelación de organizaciones oportunistas o surgidas para patrocinar intereses privados en el Congreso y en los diversos cargos electivos en todo el país.

La elección que enfrenta el país en junio es, de algún modo, la expresión más acabada de esa crisis. Además del horizonte de inestabilidad que se avecina, teniendo en cuenta la composición y la calidad del Congreso, hay que elegir entre dos propuestas que si bien aparecen como diametralmente opuestas en un sentido –el del manejo de la economía—se asemejan en los anunciados elementos autoritarios de ambas candidaturas.

Estos elementos son variados y algunos de ellos se vinculan directamente con el diseño institucional de la democracia. Uno de ellos es el futuro del Tribunal Constitucional. Una forma de desnaturalizar esa instancia sería convertirla en un organismo plebiscitario, cuando bien se sabe que la función de control constitucional y, dentro de ella, la protección de derechos fundamentales, no puede depender de corrientes de opinión que, por lo demás, son cambiantes. Ninguna de las dos candidaturas ha ofrecido garantías democráticas al respecto.

Tampoco las han ofrecido respecto de la participación del Estado peruano al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el mantenimiento dentro de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una de las candidaturas tiene ya una larga trayectoria de descrédito y ataques a la jurisdicción internacional en esta materia; la otra también ha expresado su hostilidad al Sistema Interamericano. Esta coincidencia no es rara, tomando en cuenta la tradicional oposición al Sistema Interamericano por autoritarismos de derecha y de izquierda en la región.

Los candidatos tienen la obligación de ofrecer una clara garantía de que no destruirán ni desnaturalizarán lo que todavía queda del sistema democrático en el país; o, en todo caso, de sincerar ante la ciudadanía sus intenciones autoritarias. En todo caso, resulta claro que será tarea de la sociedad civil mantener a flote los rudimentos de la democracia por cinco años más.