[Editorial] Un statu quo ya agotado

Presentamos aquí el último boletín de IDEHPUCP del año 2020. En este número, además de notas de análisis sobre los derechos de la población migrante y sobre el problema de la corrupción, presentamos reflexiones sobre un tema ineludible: los aprendizajes, los desafíos y las tareas pendientes que nos deja este año desde el punto de vista del fortalecimiento de los derechos humanos y la consolidación de la democracia.

Este año, que ha sido de prueba para todo el mundo, ha sido vivido en el Perú de una manera particular, como la conjunción de dos crisis. La crisis sanitaria mundial se conjugó con la crisis de inestabilidad política que comenzó, en realidad, casi al día siguiente de las últimas elecciones presidenciales.

Más allá de los responsables de esta última, está claro también que se ha tratado de una crisis de sistema. La decreciente calidad de las organizaciones políticas, las que tienen la función de mediación entre sociedad y Estado y de representación, terminó por producir en este año una situación enteramente disfuncional. Las organizaciones políticas no solamente se encuentran ajenas a cualquier forma de agenda pública, sino que, en conjunto, y cada una por sí misma, se han convertido en entidades incapaces de ejercer, mantener o generar gobernanza en el país.

Por un lado, el espacio político, tal como puede ser observado en el Congreso, es extremadamente disperso o fragmentario y está habitado por organizaciones de minúscula representatividad. No se debe olvidar que, en las últimas elecciones, aquellas organizadas para elegir un nuevo Congreso, la organización con más votos apenas llegó a recibir el 10 por ciento de votos del universo de votantes. Estamos, pues, con un espacio político compuesto por fuerzas que en cualquier otra situación serían consideradas marginales. Por otro lado, a esa dispersión entre partidos se añade la falta de cohesión dentro de cada partido. Las organizaciones políticas que hoy dominan el espacio oficial son agregaciones de individuos sin ningún interés de carácter público que los una.

No es extraño, pues, que, ante una degradación del sistema como la descrita, se haya impuesto una forma destructiva, y aun autodestructiva, de hacer política. Eso se traduce en obstrucción, en ineficiencia y en corrupción. Y también en una política de aventureros, como quedó hecho patente, precisamente, en el intento de usurpación del gobierno de noviembre pasado. En ese contexto, no hay acumulación de aprendizajes en el Estado ni consolidación de una cultura democrática. Por el contrario, se producen regresiones autoritarias como en la calificación de “terrorista” que se impone a todo el que demanda respeto a la ley y a los derechos fundamentales, así como en la forma represiva en que se respondió a las protestas sociales del mes de noviembre.

Es en este contexto donde –sin desechar responsabilidades concretas—cabe entender las enormes dificultades que ha tenido el Perú para lidiar con la pandemia de Covid-19, que hoy se expresan en medidas confusas para evitar la expansión del contagio y, más recientemente, en la carencia de perspectivas claras para contar con vacunas.

Disfuncionalidad, autoritarismo, gobernanza débil, obstrucción, son algunos de los rasgos más perturbadores y nocivos del escenario político actual. Son fracturas de la política que se traducen directamente en muertes, en enfermedad, en inseguridad, en pobreza, en desesperanza. Si este año deja alguna enseñanza o alguna convicción, debería ser que la democracia peruana –y su razón de ser, que son los derechos de la población—no podrán prosperar sin una reforma profunda de nuestro esquema de competencia por el poder y de organización del poder. La discusión sobre si eso implica un cambio de constitución, una reforma parcial de la constitución actual, o el desarrollo de leyes especiales está abierta, y ha de ser una discusión amplia, compleja, generadora de muchas controversias. Lo que nadie puede negar, por ahora, es que el statu quo heredado de la transición del año 2000 se ha agotado ya.