Birmania o Myanmar (excolonia británica situada entre China e India) ha sufrido un proceso de limpieza étnica clasificado como genocidio por la ONU en 2017 (Villasante 2017). En esta contribución propongo un análisis de la coyuntura actual desde la perspectiva de la antropología de la violencia teniendo en cuenta: el militarismo y el racismo de Estado, el genocidio de una minoría étnico-religiosa, el extremismo religioso de los budistas birmanos y la democracia como horizonte de orden social anhelado por un país del Tercer Mundo.
El 1ro de febrero de 2021, los generales de las Fuerzas Armadas de Birmania perpetraron un golpe de Estado y proclamaron el estado de emergencia por un año en ese país del sudeste asiático que había empezado una transición democrática en 2011, gracias al movimiento dirigido por Aung San Suu Kyi, quien obtuvo el premio Nobel de la paz en 1991 y era primera ministra. Un tribunal ha ordenado su detención provisoria por quince días, acusada de haber violado una ley comercial. El presidente Win Myint y varios altos funcionarios fueron capturados al alba en la capital Naypyidaw. El presidente interino es el general Ming Aung Hlaing. La verdadera causa de este golpe de Estado es el resultado de las elecciones legislativas de noviembre de 2020, que fueron ganadas por el partido de Aung San Suu Kyi.
La Unión Europea, Estados Unidos y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, han condenado oficialmente este acto autoritario y han hecho un llamado solemne al retorno del orden democrático. Rusia y China han mostrado su posición antidemocrática proverbial y, en una reunión del Consejo de seguridad de la ONU, se han opuesto a las medidas de sanción que los otros miembros (Francia, Reino Unido, Estados Unidos) solicitaban contra Birmania.
Recordemos que Birmania es un país de 55 millones de habitantes con una mayoría de religión budista (75%). Estuvo bajo control militar directo entre 1962 y 2011, y luego, de manera indirecta, a través de los principales ministerios, hasta el presente. Desde fines de la década de 1980, un gran movimiento en aras de la democracia se desarrolló a pesar de la brutalidad de la represión militar que mantenía en prisión a los principales dirigentes. Entre ellos, Aung San Suu Kyi, hija del “padre de la nación birmana”, héroe de la independencia birmana del Reino Unido en 1948. En 1988, Aung San regresó a Birmania de Inglaterra, donde vivía exilada con su esposo británico y sus dos hijos, y fundó la Liga Nacional por la Democracia. En 1990, su partido ganó las elecciones, pero los militares las anularon y la condenaron a arresto domiciliario durante 15 años. Gracias a las presiones internacionales, Aung San Suu Kyi fue liberada en 2010, y con el apoyo de su partido logró la disolución de la junta militar y el inicio de la transición democrática. Luego entró en el Parlamento y fue nombrada primera ministra en 2016 No obstante, esta personalidad política ha tenido un comportamiento indecente y vergonzoso negando el racismo de Estado y el genocidio de los Rohingyas organizado por los militares birmanos, lo cual ha causado una gran decepción a sus aliados occidentales. Pese a ello, sigue siendo muy popular en su país: la persecución de los Rohingyas no parece afectar la sensibilidad social de la mayoría de la población.
Aung San Suu Kyi comparece ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU en La Haya el 11 de diciembre de 2019 (ONU News)
En efecto, los militares que controlan el Estado birmano se han comportado siempre en modo autoritario y brutal contra el pueblo que reclama la democracia, pero además decidieron eliminar a los Rohingyas, una minoría musulmana de Birmania instalada en el Estado de Rakhine, antes Arakan [al sur oeste del país, vecino a Bangladesh], cuya población global se estima a un millón de personas. El odio y la violencia contra los musulmanes (que pondrían en peligro el budismo) ha sido construido por los militares a partir de 1980, en alianza con los sacerdotes budistas radicalizados [movimiento Ma Ba Tha, que defiende la “raza birmana” y la religión budista], los cuales han entrado en el Parlamento en 2015. Ambos grupos (militares y budistas) defienden un nacionalismo extremista y el racismo estatal que se ha cristalizado contra los Rohingyas musulmanes. Además, desde 1982 los Rohingyas son considerados “inmigrados ilegales” y se les niega la nacionalidad birmana. El Dalai Lama no tiene autoridad directa sobre los budistas birmanos; sin embargo, en julio de 2014 condenó el grupo Ma Ba Tha y a su homólogo de Sri Lanka y los exhortó a recordar Buda y a no cometer crímenes recordando que Buda pide amor y compasión, y que si él estuviese entre nosotros protegería los musulmanes de los ataques de los budistas. En agosto de 2017 hubo un alzamiento de jóvenes Rohingyas contra la Policía, que fue reprimido con gran brutalidad. La ONU estimó que murieron mil de entre ellos. En septiembre de 2017, el Dalai Lama asumió nuevamente la defensa de los Rohingyas; además en octubre de 2017, el Papa Francisco ha visitado Birmania y ha pronunciado un discurso comprometido, por la construcción de un orden social justo que respete los derechos de todos los grupos étnicos, en particular los Rohingyas, aunque no los haya nombrado a pedido de los católicos birmanos, que temían represalias de los militares (Cyrielle Cabot 2017).
Se estima que entre 2016 y 2017, por lo menos 10 mil Rohingyas han sido masacrados, miles de poblados han sido incendiados, y cerca de 855 mil Rohingyas se han desplazado al país vecino de Bangladesh para escapar a la muerte. La ONU ha calificado esas violencias de genocidio en 2017. En junio de 2020, en plena pandemia de Covid-19, una centena de Rohingyas fue rescatada en el mar de Indonesia cuando trataban de huir de los campos de refugiados de Bangladesh. Fueron salvados por el Alto Comisariado de refugiados de la ONU.
Esta situación espantosa de violación de los derechos humanos de una minoría discriminada por su religión ha sido denunciada ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (Países Bajos). Precisemos que Birmania no ha firmado el convenio del Estatuto de Roma y no puede comparecer ante la Corte Penal Internacional. El 11 de diciembre de 2019, Aung San Suu Kyi (75 años) se presentó ante la CIJ con el rostro impasible y negó el genocidio [según la Convención de Ginebra de 1948] organizado por los militares de su país; apenas admitió que hubo un “uso excesivo de la fuerza en el conflicto armado interno”. Según ella, el conflicto opone los “separatistas budistas de Rakhine” y el Ejército de Rohingyas de Arakan al ejército birmano; una “situación compleja” que habría empezado durante la “colonización británica”. De ese modo justificó la “operación militar de contrainsurgencia” emprendida por el ejército, y negó la existencia de cualquier “discriminación en su país”. Una reacción muy sorprendente y condenable. La situación de los Rohingyas es desastrosa, no tienen el estatuto de refugiados en Bangladesh y no pueden regresar a su país pues los militares y las milicias budistas podrían desatar otra ola de violencia de masa.
El 23 de enero de 2020, la Corte Internacional de Justicia de la ONU ordenó al Estado birmano que tome medidas de urgencia para proteger a los Rohingyas y prevenir un eventual genocidio (ONU Info). En fin, en junio de 2020, a nombre de la competencia universal, que permite a los Estados perseguir penalmente a los autores de crímenes, incluso en ausencia de todo lazo directo, la Sala Penal Federal de Argentina ha anulado una decisión anterior de una corte argentina de no perseguir al jefe del ejército birmano Min Aung Hlaing y a la consejera de Estado Aung San Suu Kyi por genocidio.
Reflexiones finales
- La junta militar birmana demuestra su voluntad de retornar al sistema autoritario y dictatorial que ha caracterizado el país desde hace más de 30 años, y que le permite continuar su política estatal racista contra los Rohingya. En esa empresa puede contar con el apoyo apenas velado de los Estados autoritarios y antidemocráticos de China y de Rusia, que violan sistemáticamente los derechos ciudadanos y los derechos humanos de sus pueblos sometidos.
- La emergencia de una facción budista ultranacionalista y violenta en Birmania, que reclama la eliminación de la minoría musulmana rohingya, explicita la situación aberrante y antimoderna de los movimientos religiosos que se mezclan con la política estatal. La separación de la religión del orden político estatal es en efecto la base de la democracia moderna pues son esferas sociales distintas que no deben mezclarse para evitar los conflictos entre ciudadanos. En nuestro país, el partido político-religioso Frepap es un ejemplo de esta anomalía del orden político actual, aun cuando no haya desarrollado una ideología de violencia étnica.
- El pueblo birmano, sobre todo los jóvenes, no acepta tranquilamente este retorno a la dictadura y ha empezado a manifestar su oposición con “cacerolazos”. Además, se ha creado el grupo “Movimiento de desobediencia civil” vía Facebook, con cerca de 180 mil abonados. Sin embargo, siguen dando su apoyo a Aung San Suu Kyi, olvidando su posición controvertida contra los Rohingya, que siguen siendo un pueblo de parias abandonado de todos, inclusive de los poderosos países árabes musulmanes.
- El caso birmano explicita la incapacidad de un país colonizado por los británicos para construir un Estado moderno desde hace 70 años. Ello se debe por lo menos a dos causas: la militarización del aparato estatal que se opone a todo cambio social para conservar su poder y sus privilegios, y la emergencia de una ideología nacionalista budista que, contrariamente a los preceptos pacíficos de Buda, se funda sobre la violencia para cohesionar a la mayoría birmana de religión budista. La terrible persecución de los Rohingyas en 2021 es un ejemplo de la vigencia, en esta parte del mundo, de las ideologías nacionalistas y racistas que han destruido Europa en el siglo XX, y también una muestra de la impotencia de los Estados democráticos y de la ONU para proteger a las minorías étnicas perseguidas con violencia extrema en nombre de la unidad nacional.
