Por Luis Alejandro Pebe Muñoz (*)
Durante el periodo legislativo anterior, el Congreso peruano aprobó tres leyes que profundizaron la exclusión y vulnerabilidad de las personas trans mediante restricciones al reconocimiento de sus identidades y derechos[1]. La aprobación de estas medidas, cuestionadas por carecer de sustento científico y jurídico evidencia cómo determinados sectores de orientación religiosa conservadora lograron trasladar sus visiones ideológicas sobre los cuerpos, las identidades y la familia hacia el ámbito estatal.
Sin embargo, esta ofensiva legislativa contra los derechos de las personas trans no es impulsada únicamente por congresistas hombres de partidos de ultraderecha. Mujeres que ocupaban posiciones institucionales relevantes[2] no solo respaldaron estas iniciativas, sino que participaron activamente en su promoción desde espacios cuya finalidad formal es la protección de derechos. Para comprender cómo se articula esta estrategia de exclusión hacia las personas trans, resulta útil recurrir a un marco conceptual desarrollado por Margaret Atwood en El cuento de la criada[3], cuya descripción de los regímenes represivos ofrece herramientas precisas para analizar el caso peruano.
En El cuento de la criada, Atwood representa a Gilead como un régimen totalitario de inspiración religiosa que impone control sobre los cuerpos, las identidades y las relaciones sociales, especialmente sobre las mujeres y las disidencias sexuales y de género. La novela describe dos figuras cuya interacción sostiene el régimen: i) los Comandantes, hombres que ocupan las posiciones de máxima autoridad política y diseñan e imponen las estructuras de control; y ii) las Tías, mujeres que ocupan posiciones institucionales de autoridad y se encargan de administrar, justificar y transmitir esas estructuras como mecanismos necesarios para preservar el orden social.
La participación de las Tías no es meramente instrumental. Negocian espacios de autoridad, convierten la coerción en una práctica presentada como protección, y con frecuencia perfeccionan las restricciones que los Comandantes originaron. Esta dinámica —donde legislar y legitimar son funciones distintas pero interdependientes— explica por qué el régimen resiste: cada actor refuerza el terreno ganado por el otro. La consolidación de un régimen represivo, sugiere Atwood, no depende de un poder ejercido en soledad, sino de la coordinación entre quienes lo imponen y quienes lo legitiman.
Esta lógica permite identificar patrones reconocibles en la política peruana, donde sectores conservadores con representación parlamentaria promovieron restricciones normativas contra las personas trans, mientras otros actores, desde espacios institucionales estratégicos, les otorgaron legitimidad discursiva. Esta convergencia dio lugar a una estrategia multidimensional que opera a través de tres mecanismos.
El primero se manifestó mediante la aprobación de una norma que restringe el acceso de personas trans a servicios higiénicos acordes con su identidad de género[4]. Esta medida parte de una premisa carente de sustento: que las personas trans representarían una amenaza para la seguridad de otros usuarios. Bajo esta narrativa, el Estado transforma un espacio cotidiano en un escenario de vigilancia y exclusión, condicionando la libertad de circulación de determinados cuerpos en el espacio público[5].
El segundo opera sobre el lenguaje jurídico y el reconocimiento estatal. A través de la eliminación de la categoría «género» en determinadas normas y su sustitución por conceptos aparentemente neutrales como «equidad» u «oportunidades iguales»[6], el ordenamiento jurídico deja de reconocer las desigualdades específicas que afectan a las personas trans. La estrategia resulta particularmente efectiva porque no adopta la forma explícita de una prohibición, sino que desplaza la discusión hacia un lenguaje formalmente universal que termina invisibilizando realidades concretas[7].
El tercero se expresa en el plano simbólico e institucional mediante la declaración de junio como el «Mes de la Vida y la Familia»[8], desplazando el reconocimiento social asociado al Mes del Orgullo LGBT+. Aunque esta medida no establece sanciones ni restricciones directas, modifica la manera en que el Estado representa y reconoce públicamente determinadas identidades. De este modo, la disputa no se limita al ámbito normativo, sino que también comprende la definición de qué grupos merecen visibilidad, reconocimiento y legitimidad dentro del espacio público[9].
Estos tres mecanismos contra las personas trans revelan que la exclusión no opera únicamente mediante prohibiciones explícitas. También, se construye a través del control de los espacios donde ciertos cuerpos pueden estar, de las categorías con las que el Derecho los reconoce y de los símbolos mediante los cuales el Estado comunica qué identidades considera legítimas. La fortaleza de esta estructura reside en su carácter colectivo: no depende de un actor aislado, sino de la interacción sostenida entre quienes impulsan las restricciones y quienes las revisten de legitimidad.
El inicio de un nuevo periodo legislativo plantea un desafío urgente para la protección de los derechos de las personas trans. Las dinámicas de exclusión que las afectan no dependen únicamente de quienes promueven restricciones normativas, sino también de quienes, desde espacios institucionales estratégicos, les otorgan respaldo y legitimidad pública. Cuestionar solo a unos actores, dejando intactos los mecanismos empleados por otros, permitiría que la exclusión continúe reproduciéndose bajo nuevas formas.
Los sectores conservadores que impulsan estas iniciativas mantienen capacidad de incidencia legislativa y, previsiblemente, continuarán promoviendo propuestas orientadas a restringir el reconocimiento y el ejercicio de los derechos de las personas trans. Al mismo tiempo, otros actores pueden seguir legitimando estas medidas mediante discursos de «protección», «familia» o «tradición», presentándolas no como formas de discriminación, sino como respuestas legítimas a supuestas preocupaciones sociales.
Frente a ello, la defensa de los derechos de las personas trans exige algo más que impedir la aprobación de nuevas leyes restrictivas. Requiere, además, cuestionar las estructuras políticas y discursivas que hacen posible su normalización y reconocer cómo distintos actores, desde posiciones diversas, contribuyen a un mismo proceso de exclusión. De lo contrario, continuará consolidándose un escenario en el que la restricción de derechos, la invisibilización jurídica y la estigmatización social se refuerzan mutuamente, erosionando las condiciones para que las personas trans puedan vivir con igualdad, dignidad y pleno reconocimiento de sus derechos.
(*) Analista de Derechos Humanos y Diversidad en RESPONDE – Consultora de Sostenibilidad, y miembro del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
[1] Solis, E., & Melgarejo, A. (2026). La agenda conservadora legislativa como freno para los derechos LGBTIQ+ en el Perú. Instituto de Democracia y Derechos Humanos, Pontificia Universidad Católica del Perú. https://idehpucp.pucp.edu.pe/boletin-eventos/la-agenda-conservadora-legislativa-como-freno-para-los-derechos-lgbtiq-en-el-peru/
[2] La Comisión de Mujer y Familia del Congreso de la República del Perú estuvo presidida ininterrumpidamente por Renovación Popular entre 2023 y 2026, primero por Milagros Jáuregui Martínez de Aguayo (2023-2024), luego por María Jessica Córdova Lobatón (2024-2025), y finalmente de nuevo por Jáuregui Martínez de Aguayo (2025-2026).
[3] Es una novela distópica sobre un régimen totalitario donde legisladores varones y mujeres conservadoras colaboran coordinadamente para criminalizar identidades LGBTQ+ y controlar cuerpos.
[4] Congreso de la República del Perú. (2025). Ley N° 32331. Ley que fortalece el derecho a la indemnidad sexual de los niños y los adolescentes. Diario Oficial El Peruano. https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-32331-LPDerecho.pdf
[5] Tovar, M., & Ugarte, G. (2025, abril 15). Discriminación legalizada: sobre la prohibición del Congreso a personas trans para acceder a baños públicos. Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. https://idehpucp.pucp.edu.pe/boletin-eventos/discriminacion-legalizada-sobre-la-prohibicion-del-congreso-a-personas-trans-para-acceder-a-banos-publicos/#_ftn5
Tovar, M., & Ugarte, G. (2025, mayo 27). ¿Protegiendo la niñez o institucionalizando la transfobia? Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. https://idehpucp.pucp.edu.pe/boletin-eventos/protegiendo-la-ninez-o-institucionalizando-la-transfobia/
[6] Congreso de la República del Perú. (2025). Ley N° 32535. Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Diario Oficial El Peruano. https://lpderecho.pe/ley-32535-igualdad-oportunidades-mujeres-hombres/
[7] García Meza, O. (2025, diciembre 1). Ley que elimina el enfoque de género: un «grave retroceso» para la igualdad y comprensión de los problemas del país [Entrevista a Marisol Fernández y Marcela Huaita]. PuntoEdu PUCP. https://puntoedu.pucp.edu.pe/actualidad/ley-elimina-enfoque-de-genero-grave-retroceso-para-la-igualdad/
Peralta, L. (2025, diciembre 24). Promulgan ley del Congreso que elimina el enfoque de género pese a advertencias de la ONU de posibles vulneraciones a derechos humanos. La República, Sociedad. https://larepublica.pe/sociedad/2025/12/24/promulgan-ley-del-congreso-que-elimina-el-enfoque-de-genero-pese-a-advertencias-de-la-onu-de-posibles-vulneraciones-a-derechos-humanos-1818216
[8] Congreso de la República del Perú. (2026). Ley N° 32671. Ley que declara Mes de la Vida y la Familia el mes de junio de cada año. Diario Oficial El Peruano. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2527462-3
[9] Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. (2026, junio 23). [Editorial] Mes del orgullo: resistencia frente a la regresión autoritaria. Boletín y Eventos IDEHPUCP. https://idehpucp.pucp.edu.pe/boletin-eventos/editorial-mes-del-orgullo-resistencia-frente-a-la-regresion-autoritaria/
Tosso, V. (2026, junio 11). Congreso declara junio «mes de la vida y la familia» entre críticas por opacar el Mes del Orgullo LGBT+. La República, Sociedad. https://larepublica.pe/sociedad/2026/06/11/congreso-declara-junio-mes-de-la-vida-y-la-familia-entre-criticas-por-opacar-el-mes-del-orgullo-lgbt-612106
