Las personas LGBTIQ constituyen uno de los sectores de la población mundial con más restricciones para el ejercicio efectivo de sus derechos humanos. Marginadas frecuentemente de la protección jurídica de los Estados, se ven expuestas además a prácticas diversas de discriminación, estigmatización, hostilidad y violencia.
El Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que se conmemora hoy, forma parte de los esfuerzos que la comunidad internacional realiza desde hace décadas para responder a esa realidad de marginación y eventualmente erradicarla.
La situación en el Perú respecto de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, intersexuales y queer es, como bien sabemos, crítica, y no da señales significativas de mejorar, dada la falta de políticas públicas decididas.
En el año 2019, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos realizó la segunda Encuesta Nacional sobre Derechos Humanos en la que sondeó las actitudes y percepciones de los peruanos acerca de distintos grupos de especial protección, entre ellos, la población LGBTIQ. Entre los datos relevantes de esa encuesta, se registró que el 8 por ciento de la población (es decir, algo más de 1,7 millones) se identifican con una orientación distinta de la heterosexual. Y si bien, por un lado, la población nacional reconoce que las personas LGBTIQ son objeto de una acentuada discriminación, por otro lado, prevalecen los prejuicios que sustentan, precisamente, aquella discriminación. Así, por ejemplo, el 46% consideraba que “una persona trans (transexual, transgénero y travesti) vive confundida”, el 45 pensaba que “las personas se vuelven homosexuales por traumas en su infancia o por malas experiencias” y el 36% estaba de acuerdo con que “es peligroso dejar a un/una niño/a con un homosexual”.
Esta situación, como se ha dicho, solo puede ser transformada con una vigorosa política pública en favor de la igualdad y promotora de los derechos humanos. Es alarmante, por ello, el giro que ha tomado la política nacional, y que se ha acentuado desde el inicio del actual periodo presidencial y la inauguración del actual Congreso. Si el Poder Ejecutivo ha mostrado desde el inicio una notoria indiferencia hacia las políticas de género, el Congreso desarrolla una agenda claramente hostil a ello. El proyecto de ley aprobado para que los padres de familia puedan vetar el enfoque de género y la educación sexual en los colegios es la más concreta de entre varias iniciativas con ese signo.
Estamos, pues, en una situación crítica por el ascenso de corrientes conservadoras y antiderechos en los poderes públicos peruanos. En este tema como en todos los demás relativos a la defensa de la democracia, hoy el avance solo puede venir de la sociedad organizada.
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