Betilde Muñoz: “El reto más importante que tiene la región es cómo diseñar políticas públicas para la inclusión no solo basadas en un enfoque de derechos, sino también el de interseccionalidad”

Por: Juan Takehara Mori

Al concluir el 2019, Latinoamérica aún muestra graves problemas de desigualdad a pesar del auge de la demanda de materias primas desde la década del 2000. Diversas y frecuentes manifestaciones sociales en nuestro país y en la región evidencian las desigualdades económicas a pesar del crecimiento. La llegada del COVID-19 solo ha acrecentado estas brechas. Miles de personas y, en especial, los adultos mayores, migrantes, niñas, niños y mujeres, han sido considerados los grupos más vulnerables. Para abordar esta situación en la región y conocer más sobre ella conversamos con Betilde Muñoz, politóloga venezolana y directora del Departamento de Inclusión Social de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 

El concepto de inclusión no puede ser definido sin entender antes lo que es la desigualdad. Mientras que muchas organizaciones financieras definen la desigualdad como la diferencia de ingresos, y se habla siempre de la concentración de ingresos en solo unos pocos, desde la Organización de los Estados Americanos (OEA) usamos, además de esa medida, también un enfoque multidimensional. Es decir, cuando nos referimos a la desigualdad, no solamente hablamos de una distribución desigual del ingreso y del patrimonio y de brechas en cuanto a oportunidades a lo largo de todo el ciclo de vida de una persona, y en el acceso y calidad de bienes y servicios, sino también de condiciones y características de algunas personas o grupos que generan situaciones de discriminación y exclusión que terminan, lamentablemente, impidiendo, anulando o reduciendo el goce o ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas.

El concepto de inclusión social se refiere al proceso a través del cual se alcanza la igualdad, y se van cerrando las brechas en cuanto al acceso a derechos. Es también un proceso que permite mejorar los términos en los que los individuos y grupos forman parte de una sociedad. Es reconocer la dignidad de todas las personas, y facilitar las oportunidades para contribuir a sus sociedades. La meta de alcanzar la inclusión no varía; es en efecto una deuda pendiente en nuestra región, y los esfuerzos por lograrla deben ser constantes. Lo que si puede cambiar son las medidas y políticas públicas que los estados definan para incluir a grupos en situación de vulnerabilidad.  Esas políticas públicas tradicionalmente se han enfocado en grupos específicos como, por ejemplo, personas con discapacidad, personas indígenas o afrodescendientes, personas LGBTI y mujeres, entre otros. El reto más importante que tiene la Región es diseñar políticas públicas para la inclusión no solo basadas en un enfoque de derechos, es decir, teniendo como norte los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos, sino también en el de la interseccionalidad. Desde la OEA, entendemos este concepto como una situación en la que se cruzan de manera simultánea e integral múltiples ejes de desigualdad y estigmatización de la diferencia —económica, política, cultural, bio-psico-social, racial, de género, de etnia, identidades y experiencias— produciendo afectaciones únicas e indivisibles. El reto que tenemos es diseñar políticas públicas para la inclusión y el acceso a derechos que respondan a las necesidades específicas de estos grupos pero que no desconozcan que en las personas pueden coexistir múltiples ejes de discriminación y, por tanto, la respuesta de política debe abordar todas las dimensiones de exclusión.

La pandemia del COVID-19 ha venido a profundizar las brechas de desigualdad que ya enfrentábamos a nivel regional, y las consecuencias de las medidas de contención y mitigación del virus están afectando más pronunciadamente a grupos en situación de vulnerabilidad tales como las mujeres, las personas mayores y con discapacidad, los niños, niñas y adolescentes, las personas afrodescendientes e indígenas, las personas  migrantes y refugiadas y desplazadas forzadas, las personas privadas de libertad, y las personas en situación de pobreza. ¿Cuáles son esas afectaciones particulares? Estamos hablando de las mujeres, quienes están en la primera línea de respuesta y de exposición al riesgo, pues alrededor del 80% del sector salud en las Américas está conformado por mujeres. También están enfrentando la carga más pesada en la distribución del cuidado de lo privado, es decir, la misma desproporcionada carga, pero acentuada por las medidas de cuarentena. Hablamos también de que ahora están más expuestas a violencia doméstica al incrementarse la probabilidad de ser víctimas de algún acto de violencia en sus hogares, y también a otras afectaciones, incluidas las económicas, por estar ellas sobrerrepresentadas en la economía informal. Estamos hablando de las personas mayores, y personas con discapacidad que son poblaciones de alto riesgo ante el coronavirus, según la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), pero que ya sufrían de situaciones de aislamiento y abandono ahora acentuadas, y que con frecuencia no cuentan con la información necesaria sobre las medidas de contención del virus. Estamos hablando de migrantes y refugiados, cuya principal fuente de empleo está en el sector informal de nuestras economías, y que al no poder salir a buscar su sustento diario está enfrentando, junto a sus familias, situaciones de severa inseguridad alimentaria. Estamos hablando de que muchos no han cotizado a la seguridad social por su situación de irregularidad y, por tanto, no tienen acceso a servicios de salud, y medicamentos. Hablamos también de los niños y adolescentes migrantes que no están pudiendo alimentarse en las escuelas, que era el lugar donde principalmente se alimentaban. Podríamos continuar haciendo ese repaso de grupos en situación de vulnerabilidad, pero quisiera más bien referir la Guía Práctica de la OEA de Respuestas Inclusivas y con Enfoque de Derechos ante el COVID-19, que busca guiar las respuestas de los países miembros de la OEA en cuanto a las políticas públicas o respuestas ante el COVID19, teniendo en cuenta que hay afectaciones diferentes a poblaciones en situación de vulnerabilidad. Esto lo hacemos tomando en cuenta 3 principios claves para estas respuestas. En primer lugar, garantizar el enfoque de derechos; en segundo, garantizar el principio de igualdad y no discriminación, y finalmente, introducir el concepto de interseccionalidad.

Tenemos un vaso medio lleno en cuanto a la situación de las mujeres en la política en la región. Nadie puede negar que ha habido progresos; sin embargo, dado que representan el 50% de la población, 50% del electorado y en la mayoría de los partidos políticos, también 50% de la militancia, deberíamos ver similares niveles de representación en las esferas de toma de decisiones políticas, al igual que en el sector empresarial. Esto no está pasando. Los obstáculos son varios, pero los estructurales y sociales que asignan a mujeres un rol en lo privado, excluyéndolas de lo público, son quizás los más difíciles de derribar. Sin embargo, los recientes ejemplos de jefas de estado que ha demostrado un efectivo manejo de la crisis del COVID-19 demostrando cualidades como la empatía, el sentido de humanidad, de conectar con la gente, de comunicación asertiva, y de practicar el liderazgo horizontal para manejar la crisis. La pregunta más amplia es si estas buenas experiencias pueden contribuir a cambiar la narrativa sobre las mujeres en puestos de liderazgo hacia una que las valora, y requiere en estos roles.

Una de las principales secuelas de esta pandemia se ha dado en el ámbito económico. Aunque hablamos ya de una recesión económica mundial, esta afectará de forma particular a las mujeres, quienes son la mayoría de los trabajadores en el sector informal. Ya sea como vendedoras ambulantes, empleadas domésticas, o en el sector servicios, trabajadoras de la agricultura de subsistencia o temporeras, y hoy en día, como repartidoras de comida, más del 50% de las mujeres que trabajan lo hacen en el sector informal. Estas mujeres no cuentan con seguridad social, ni acceso a salud, y su fragilidad salarial es directamente proporcional a la fragilidad de la economía informal en tiempos de pandemia. La mayoría de los países de la región han venido dando respuestas de política pública en la medida que sus espacios fiscales han permitido. En cuanto a respuestas, desde la OEA apoyamos a los estados miembros en el diseño e implementación de políticas tales como los subsidios, transferencias u otros apoyos económicos directos, condicionados o no condicionados, la provisión de canastas básicas alimentarias sin condicionamientos. Todas estas medidas deben asegurar que las mujeres estén como beneficiarias directas, ya que apostar por el empoderamiento económico de las mujeres es apostar por el de sus familias, y en el mediano y largo plazo, mejorar las probabilidades de desarrollo humano en los países que así lo prioricen.