No se puede desconocer que las dos candidaturas que se disputarán la Presidencia de la República el 6 de junio representan una amenaza para una diversidad de asuntos de alta importancia para el orden democrático y para la mejora de la calidad de vida de la población.
Uno de esos asuntos, y de los más importantes, es el derecho a una educación de calidad. Hay que tener presente que, en el último quinquenio, la sociedad civil ha tenido que defender con mucho esfuerzo, y no completo éxito, las reformas necesarias para mejorar la educación escolar y también el sistema de universidades. Todo indica que esos esfuerzos deberán mantenerse e intensificarse en el futuro.
La Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU) ha estado permanentemente bajo ataque por el Congreso de la República, donde han conseguido asentarse defensores de empresas universitarias para las cuales el proceso de licenciamiento, previa verificación de su idoneidad, es un estorbo. Los dos candidatos actuales son hostiles a ese proceso de fiscalización de la calidad de las universidades. Una de las candidaturas, el fujimorismo, tiene toda una ejecutoria contraria a la SUNEDU desde el Congreso; la otra candidatura, la de Perú Libre, ha expresado también su intención de impedir la labor de esa institución. Los argumentos y motivaciones son variados, pero en ellos se suelen conjugar la defensa de un cierto esquema de negocios con la noción de que los estudiantes deben poder acceder a cualquier universidad sin importar cuál sea la calidad de formación profesional que están recibiendo. En esta convergencia entre interés económico y populismo los perjudicados son las decenas de miles de universitarios que se enrolan en universidades de las que no reciben la formación que esperan y que merecen.
«El Estado peruano tiene una enorme deuda con el magisterio, y que la mejora de su situación económica y de su condición profesional es imprescindible. Pero también lo es, en interés de los millones de escolares peruanos, la elevación de la calidad de los docentes, para lo cual es indispensable una carrera pública magisterial basada, entre otros factores, en el mérito.»
Lo mismo ha sucedido en los últimos cinco años en lo referido a la mejora de la calidad del magisterio. Hay que afirmar, en primer lugar, que el Estado peruano tiene una enorme deuda con el magisterio, y que la mejora de su situación económica y de su condición profesional es imprescindible. Pero también lo es, en interés de los millones de escolares peruanos, la elevación de la calidad de los docentes, para lo cual es indispensable una carrera pública magisterial basada, entre otros factores, en el mérito. Sin embargo, en el último lustro el fujimorismo, así como el sector magisterial liderado por el actual candidato de Perú Libre, han coincidido en bloquear ese esfuerzo.
Una tercera coincidencia, igualmente preocupante, es la hostilidad de ambas candidaturas al enfoque de género. Esto es una actitud contraria a los principios de calidad y equidad en el sector educativo y es una orientación amenazante para los derechos de niños y niñas en la escuela, pero además implica en general una oposición a la construcción de una sociedad igualitaria y garante de derechos en el Perú.
Una de las dos candidaturas prevalecerá el 6 de junio y, junto con ella, ganará más fuerza esta enemistad a reformas y mejoras necesarias para el ejercicio del derecho a la educación de la población. Se avecina un tiempo difícil para la cultura de los derechos humanos en el Perú, no solamente en este tema. La sociedad civil tendrá que redoblar los esfuerzos en los que ha estado embarcada hasta ahora.
