[Editorial] Pandemia e institucionalidad

La emergencia sanitaria mundial ha puesto a prueba la capacidad de respuesta inmediata del país para frenar el ritmo de expansión del contagio. Cuestiones como el manejo de la inmovilización social, el monitoreo del contagio, la atención de salud y el mantenimiento de la cadena de suministros han estado en el primer plano de la observación pública. Pero, en realidad, el desempeño del Estado durante la crisis involucra a una amplia diversidad de sectores y políticas. Y así, en resumen, estas semanas de emergencia ofrecen una imagen global de cuánto hemos avanzado hacia ser una sociedad democrática donde el Estado de Derecho está asentado y donde los derechos humanos se encuentran garantizados.

Un primer campo de observación habría de ser la atención diferencial a las diversas categorías de población según los riesgos particulares que estas enfrentan o las dificultades específicas que les plantean las medidas de restricción durante la cuarentena. En el lenguaje de las políticas públicas se habla de poblaciones vulnerables, como, por ejemplo, cierta población indígena o ciertos sectores de la población femenina. Entre esta última, como se explica en esta edición del boletín de IDEHPUCP, cabe prestar especial atención a aquellas que se ven forzadas a migrar.

Esto último remite a un segundo campo: el de la política y la normatividad sobre movilidad humana. El fenómeno de la migración, que es un aspecto del tema de la movilidad humana, suele verse asociado a los flujos internacionales de población. Pero en este contexto, además de las afectaciones a la población extranjera inmigrante, se han evidenciado las dificultades de la movilidad interna; en particular, hablamos de las casi 200 mil personas que están retornando a sus lugares de origen ante las dificultades generadas por la crisis. En el tratamiento de ese problema han surgido diversas preguntas sobre la capacidad de coordinación entre gobierno nacional y gobiernos locales para garantizar un regreso en condiciones de seguridad sanitaria, pero también una reinserción adecuada en los lugares de acogida y retorno.

Un tercer asunto es el de los servicios estatales no relacionados directamente con la pandemia como, por ejemplo, el sistema de administración de justicia o las oficinas de registro de diverso tipo. En la última década el Estado peruano ha dado importantes pasos hacia la automatización de procedimientos y hacia la atención en línea a la ciudadanía. Esas son transformaciones que ayudan a tener una mayor transparencia y, sobre todo, a ampliar el acceso público a servicios al hacerlo más rápido y menos oneroso. En el contexto actual esos avances, aunque insuficientes, tendrían que ayudar a mantener en vigor una política preventiva frente a la pandemia sin que ello signifique un menoscabo del ejercicio de derechos y acceso a servicios.

Finalmente, entre varios otros campos que cabría mencionar, está el de la lucha contra la corrupción. Antes de que estallara la crisis sanitaria este era uno de los temas dominantes de la agenda pública nacional y el país observaba con atención los esfuerzos de judicialización de graves casos de corrupción. Todo ello ha quedado postergado o, cuando menos, sustraído a la mirada ciudadana en los dos últimos meses, pero no ha dejado de ser un problema: es más, precisamente las medidas de emergencia y de mitigación de la crisis –como la compra de instrumental médico y el reparto de subsidios—han sido ocasión para nuevos actos de aprovechamiento ilegal de parte de autoridades públicas.

Es difícil, ciertamente, mantener una mirada panorámica vigilante cuando los principales temores y urgencias del país se hallan concentrados por una amenaza sanitaria de peligro indudable. Pero, precisamente, la difícil situación que atravesamos debe servir, también, para reclamar de nuestras instituciones un funcionamiento acorde con el Estado de Derecho y para evaluar los avances que hemos hecho en esa dirección.