El IDEHPUCP presenta, en su más reciente publicación, una serie de propuestas de suma utilidad para el fortalecimiento de la política pública en capacitación del sector de seguridad privada en el país. Está dirigido, principalmente, a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, entidad supervisora de este rubro en el Perú, pero también a empresas de seguridad privada, instituciones estatales que contratan servicios de seguridad y a la sociedad civil. El documento es una contribución a los cursos de capacitación del personal de seguridad privada con estrategias que incorporen el enfoque de derechos humanos.
Este material forma parte del estudio realizado por el IDEHPUCP con apoyo de la organización Voluntary Principles on Security and Human Rights (VPI con el objetivo de analizar la capacitación en derechos humanos de dicho sector en el Perú. Dada una continua expansión del rubro de seguridad privada en el contexto social actual debido a factores como el aumento de los niveles de delincuencia o la expansión de las operaciones en las industrias extractivas, la importancia de este tipo de iniciativas se hace evidente.
El policy paper es la continuación de un documento de diagnóstico que, mediante revisión bibliográfica, análisis legislativo y entrevistas realizadas a diversos actores, ofreció una mirada crítica a la capacitación de agentes de seguridad privada en el país en materia de derechos humanos, tomando en cuenta sus limitaciones y oportunidades de mejora. Por su parte, el presente material es fruto del diálogo con actores del Estado, el sector privado y la sociedad civil en torno a los hallazgos de la primera investigación.
A través de sesiones de retroalimentación e intercambio de ideas sobre las conclusiones del diagnóstico, “se elaboró este documento con recomendaciones que, si bien busca fortalecer el enfoque en derechos humanos en la capacitación de las y los agentes de seguridad, también aborda otros aspectos que forman parte de la política y los procesos que hacen posible la capacitación” (Barnaby 2022, 5)
Esta publicación se organiza en cinco capítulos que corresponden a cinco áreas de mejora dentro de la política de capacitación: el plan de estudios, los materiales pedagógicos, la acreditación de instructores e instructoras, los mecanismos de supervisión y seguimiento, y las vulneraciones de los derechos laborales y el poco acompañamiento psicológico para los y las agentes. De esta manera, se exponen distintos problemas en cada una de estas áreas, así como un caso regional y recomendaciones generales y específicas que permitan mejorar la política de capacitación.
Son de sumo interés, para mencionar algunos, los hallazgos relativos a la ausencia de materiales educativos que acompañen la capacitación de las y los instructores y agentes de seguridad, los procesos de acreditación de instructores que no garantizan la obtención de conocimientos y capacidades del curso a dictar o, inclusive, las situaciones de vulneración a los derechos del personal por parte de la sociedad civil y las empresas de seguridad.
A partir de los problemas mencionados, se identifican posibles soluciones para cada una de las áreas de mejora que incluyen la elaboración de guías y manuales, el desarrollo de plataformas de e-learning, la inclusión de preguntas sobre derechos humanos y uso de la fuerza en los exámenes de conocimiento, así como la implementación de talleres que aborden temas relacionados al manejo de situaciones de estrés, manejo de emociones, entre otros.
La importancia de un documento como este radica en que el impacto de la capacitación en derechos humanos del sector de seguridad privada no solo se limita a los actores involucrados en el sector, sino también a la sociedad civil. Como mencionan los autores, “para la mejora y la profesionalización de un sector comprometido con los derechos humanos se requieren los esfuerzos y los aportes de todos los grupos que interactúan con él” (Barnaby 2022, 6).
Pueden revisar la publicación aquí.
