[Editorial] Recuperar la vía institucional

Es general la percepción de que los primeros pasos del gobierno en estos tres meses de vigencia han sido erráticos. Ello ha tenido mucho que ver con los nombramientos iniciales para los puestos más prominentes en las funciones de gobierno. Es un axioma que la marcha de un régimen político –y de un régimen democrático—debe estar más determinado por las instituciones que por las personalidades de los funcionarios; es, por lo tanto, un testimonio de la fragilidad de nuestra democracia la gravitación que ciertas personas en particular han tenido sobre el clima de confusión que prevaleció en estos primeros meses. A ello se suma, ciertamente, la conducta radical de la oposición en el Congreso.

La enmienda del rumbo, con el nombramiento de la excongresista Mirtha Vásquez como presidenta del Consejo de Ministros, era imprescindible y fue bienvenida por la mayor parte de la población. Ello, no obstante, no parece haber sido así asumido por el sector político. Si en el partido de gobierno el relevo a la cabeza del gabinete fue recibido con resistencias, críticas y hasta anuncios de denegación de confianza, en un sector de la oposición se ha persistido, hasta ahora, en practicar la confrontación como un fin en sí mismo.

Ayer, lunes, la primera ministra Vásquez ha acudido al Congreso a solicitar el voto de confianza. La presentación de su plan de trabajo ha sido razonable y su forma de dirigirse a la representación parlamentaria ha sido ecuánime. Eso marca una diferencia apreciable. No quiere decir, desde luego, que todas las propuestas de gobierno hayan de ser bien valoradas por los distintos sectores políticos. Tampoco significa que el plan presentado no pueda y no deba ser mejorado. Desde la óptica de los derechos humanos, por ejemplo, creemos que hay urgencias que deben ser atendidas más seria y concretamente, como las referidas a políticas de género, los derechos de los pueblos indígenas, en particular en su relación con las industrias extractivas, las relativas a la población migrante y las reparaciones para las víctimas de violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno.

Pero el punto central, ahora, es que se necesita restaurar el funcionamiento de la democracia –con sus discrepancias, controversias y conflictos dentro de los canales institucionales—y que esta es una oportunidad para ello. De más está resaltar que ello es aún más necesario cuando se consideran las consabidas exigencias que plantea todavía la pandemia y las necesidades de una reactivación ordenada –y segura—de la economía.

Esa es todavía una responsabilidad respecto de la cual el gobierno debe al país, todavía, pasos convincentes. Pero es también una responsabilidad de la oposición –y, como se ha dicho, también del partido de gobierno, que parece propenso a entablar una lucha de sectarismos. Se necesita hoy, entonces, una respuesta constructiva en el sentido de recuperar el camino institucional, lo cual no significa ignorar las discrepancias que hoy dividen a los grupos políticos y a amplios sectores de la ciudadanía. No se trata de fingir un consenso inexistente, sino únicamente de aceptar que la política, la necesaria fiscalización, la crítica y la disputa sobre las decisiones públicas vuelvan a enmarcarse dentro de las reglas de juego de la democracia.