Ángela Bravo: “Es importante asegurar que el retorno sea de manera completa y con todas las horas efectivas en modo presencial”

Por: Juan Takehara (*)

El retorno a clases presenciales en las escuelas del país ya es una realidad; sin embargo, hay que tener presente que aún persisten dificultades y retos que se deben resolver con urgencia en el sector educativo. Conversamos con Ángela Bravo, especialista en Gestión del Programa Horizontes de la Unesco en Perú, sobre las primeras acciones a tomar en cuenta. 

Sin duda el primer reto que tenemos respecto al retorno es reactivar y rehabilitar el sistema educativo tras dos años de cierre. El Perú es uno de los países con el cierre de escuelas más prolongado del mundo, incluso comparándonos con países similares al nuestro en términos de ingresos o nivel de servicios. Reactivar un sistema que tiene más de 66 mil locales escolares, nueve millones de estudiantes y medio millón de profesores tras un cierre tan largo implica condiciones, un cambio en las rutinas y un costo de oportunidad muy grande que no ha sido gestionado con tiempo y que estamos tratando de remontar en unos pocos meses. Con ello, estamos en riesgo de volver a un sistema no preparado para atender los retos de la educación post cierre escolar; lo que implicaría perder los aprendizajes generados durante esos dos años y enfrentarnos a un servicio con insuficientes capacidades de atender las demandas  de este momento: desde los servicios básicos o acondicionamientos que en muchos casos no están listos, hasta la atención a los aprendizajes y bienestar de los estudiantes a cargo de docentes sin más soporte, materiales o capacidades de las que tenían en diciembre 2019. A esto se suma que la normativa actual genera una restricción de aforo que impide que los estudiantes tengan jornadas de clases completas, asistir por algunas horas a la semana o en turnos no es un retorno a la presencialidad.

En términos de género el reto de retornar y sobre todo revincular a aquellos estudiantes que dejaron de estudiar durante el cierre de escuelas tiene implicancias tanto para niñas como para niños. En el caso de las niñas, los estudios de impacto de la pandemia evidenciaron que las familias cedían más horas de uso de dispositivos para estudiar a los varones en lugar de las mujeres, al mismo tiempo reafirmó que las niñas y las adolescentes habían asumido más horas de tareas de cuidado en desmedro de tiempo para dedicarse a estudiar. En el caso de los varones, en particular de los adolescentes, se ha reportado un incremento en el acceso al trabajo que también pone en riesgo las horas de estudio y es un factor de riesgo de deserción. Para atender ambas condiciones las escuelas deben tener estrategias para poder identificar a los estudiantes no vinculados o que no se han matriculado, trabajar con las familias para revertir las situaciones que ponen en riesgo su trayectoria educativa  y atender con opciones de servicio flexible los casos particulares que se presenten en su comunidad educativa, sin embargo esto requiere soporte y recursos por parte del Estado para dar músculo a estas estrategias de las que ya hablan las normas.

Hay mucha expectativa sobre el retorno de parte de todos los actores educativos en particular de los estudiantes. En este caso las expectativas están centradas sobre todo en valorar lo que implica la escuela en términos de espacio de encuentro, de juego y de lugar clave para socializar. Sin embargo, hay también reclamos muy justificados de que el servicio sea de calidad y los atienda de manera integral. En los espacios en los que trabajamos con participación de las y los adolescentes, ellos solicitan no sólo mejores condiciones físicas para sus escuelas sino también tienen interés en que la educación sea más cercana, más pertinente y activa. Por su parte los niños pequeños reclaman mucho las interacciones y el juego libre que en muchas escuelas se viene manejando con prohibiciones antes que estrategias para asegurar que esas interacciones no sean riesgosas en términos de contagios. Es clave que las escuelas escuchen con empatía y ajusten su oferta para atender estas demandas; finalmente atender con calidad en educación implica justamente un servicio cercano, basado en el vínculo y el bienestar lo cual es aún más necesario para el desarrollo de las y los estudiantes después de todo lo que han afrontado estos dos años.

En el caso de los docentes es muy común encontrar también expectativa y mucho ánimo sobre el retorno. Hay mucha valoración del propio rol docente basado en una identidad profesional fuerte basada en el servicio que ha sido activada durante la pandemia con diversas estrategias para tratar de mantener activo el servicio educativo y que se ha vuelto a activar con la responsabilidad del retorno a clases. Sin embargo, hay necesidades no cubiertas que son motivo de reclamos entre los docentes. Están sobre todo vinculadas a la necesidad de capacitación y soporte para la atención de las brechas educativas profundizadas por la pandemia o las necesidades de atención socio emocional ante las que los docentes se perciben como “desarmados”. En el caso de los docentes rurales, se suma el reclamo válido sobre las condiciones de viaje y vivienda, los que ya eran difíciles antes de la pandemia, y que incluso, significan mayores gastos para poder atender a las escuelas remotas. En el caos de los docentes urbanos la demanda se centra en la sobrecarga laboral que implica atender a la vez el aula presencial y el aula remota, esto en el caso de los docentes que han recibido más estudiantes debido a la migración hacia las escuelas públicas y a que por la normativa de aforo y distancia actual tienen que atender en turnos o por grupos a la vez que llevan las actividades remotas los días que el grupo no asiste presencialmente.

La brecha de infraestructura no solo es enorme en términos de presupuesto público, sino que es imposible de resolver de inmediato y no puede condicionar el servicio presencial. En respuesta la instalación de módulos, adecuación de ventanas para ventilación y estaciones de agua segura son claves para asegurar cada escuela. Sin embargo, es también esta una oportunidad para poder concretar un plan multianual real que asegure que las inversiones en infraestructura educativa y acceso a servicios básicos con soluciones alternativas lleguen a las escuelas con mayor celeridad y con un uso eficiente del presupuesto público.

Para empezar, viendo la trayectoria de los otros países de la región respecto del retorno, en los que tomó casi un año lograr que todos los servicios abrieran de manera plena y que todos los estudiantes asistieran con regularidad, es importante asegurar que el retorno sea de manera completa y con todas las horas efectivas en modo presencial. En segundo término, es clave poder contar con una medición en términos de evaluación de aprendizajes y de estado del sistema educativo respecto de la matrícula, la progresión entre grados y el desempeño docente para poder tener claridad de los impactos del cierre escolar de dos años y entender el problema a profundidad y con enfoque de territorio para poderles dar atención. El Perú no ha evaluado o generado reportes nacionales desde que inició la pandemia y esto complica no solo la capacidad de rendición de cuentas sino la información necesaria para tomar decisiones o asignar presupuestos diferenciados pensados en generar equidad: es decir asignar mayor recurso donde hay mayor necesidad.

La respuesta más evidente es la cantidad de recursos que se pierden y perjudican el erario en desmedro de la atención del servicio educativo. Sin embargo, es importante notar cómo hemos naturalizado la corrupción en el país. En los diferentes espacios de socialización y aprendizaje, nuestro abordaje de la ética ha permitido que veamos la corrupción como algo general, pero al mismo tiempo permitido que muchas personas de roles muy diversos caigan en situaciones de corrupción o situación de falta ética. Esto es una llamada de atención a la propia educación y a los educadores, hablamos mucho de la importancia de enseñar ciudadanía pero si esta ciudadanía es solo una fachada o se centra en conocer cuántos poderes tiene el Estado, no estamos trabajando sobre abordar la formación de nuevas generaciones que sean no solo críticas a la corrupción sino que puedan actuar de manera ética en su día a día y puedan sobre todo pensar sus decisiones con una mirada de bien común sobre una mirada de satisfacción individual de intereses. Ese reto, siendo nosotros educadores y parte de la sociedad, es sumamente complicado de abordar, y es un reto que requiere urgente atención si queremos que la educación realmente transforme las agencias colectivas de las nuevas generaciones.

(*) Miembro del área de Comunicaciones.

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