Iván Lanegra: “Debe quedar claro que el 5 de abril fue una interrupción del orden democrático y que Fujimori gobernó como dictador”

Por: Juan Takehara (*)

Se cumplen treinta años del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, y esta fecha coincide con una nueva discusión sobre la posible excarcelación de Alberto Fujimori por medio de la cuestionable revalidación de un indulto por parte del Tribunal Constitucional. Conversamos con Iván Lanegra, profesor de la PUCP y secretario general de Asociación Civil Transparencia, sobre las secuelas del golpe en la vida nacional y sobre el difícil horizonte de la democracia en el país.

Debemos separar la cuestión humanitaria de la sentencia reciente del Tribunal Constitucional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos definió los estándares bajo los cuales es posible cuidar la salud de Alberto Fujimori sin incumplir las obligaciones del Estado peruano. Desde mi punto de vista, el expresidente podría recibir válidamente un indulto humanitario, pero para esto deben hacerse las cosas bien. El problema es que las autoridades judiciales consideraron que el indulto dado en 2017 no cumple con dichos mínimos. Y tampoco el Tribunal Constitucional ha evaluado esta cuestión en su sentencia. Si la salud de Fujimori está comprometida, un proceso adecuado es lo mejor para las familias de las víctimas, para el sentenciado y su familia, para la justicia y para el país.

El golpe del 5 de abril de 1992 ha sido el último golpe de Estado ejecutado con éxito en la historia del país. Además, sus efectos, tanto en términos institucionales como en su simbolismo político, siguen presentes. Estos elementos justifican su actualidad, más aún si sus circunstancias nos recuerdan la debilidad de nuestra democracia en particular en un contexto como el actual.

Fue un golpe de Estado. Usamos la expresión autogolpe para destacar una particularidad: no fue el derrocamiento del presidente, sino el de las otras instituciones: Congreso, Tribunal de Garantías Constitucionales, autoridades judiciales, autoridades regionales. Fuera de ello, es cierto que debemos dejar en claro que lo ocurrido fue una interrupción del orden democrático y que Fujimori gobernó como dictador, al menos en tanto no se restituyó un mínimo de institucionalidad, sin que esto último implique hablar de retorno a la democracia, sino de lo que algunos expertos han denominado autoritarismo competitivo.

Sí hay diferencias. El sistema de partidos de los años ochenta del siglo pasado colapsó y el golpe del 5 de abril está vinculado a ello. Pero, luego, fuimos incapaces de reconstruir un sistema de representación adecuado al siglo XXI. Y parte de las dificultades que hoy existen se derivan de las decisiones que se adoptaron en los años 90, pues estas consolidaron una forma de gestionar los intereses colectivos que persiste hasta hoy, y que ha ido deteriorando nuestra situación política. Es probable que el crecimiento económico de las dos primeras décadas del siglo haya disimulado estos problemas, pero no los resolvió.

El problema del Perú no es de concentración del poder, sino de debilidad del poder. El Estado tiene capacidades limitadas y disparejas, su presencia territorial es desafiada por actores locales, incluyendo las actividades informales e ilegales. La articulación de los actores sociales es débil. Todo esto genera un poder político débil, lo cual no implica que no sea ambicionado, pues controla recursos económicos importantes. El problema es que los incentivos actuales no ayudan a corregir este problema, y más bien son funcionales a la corrupción, al aprovechamiento del poder estatal para los intereses particulares. Ni el autoritarismo de los 90 ni las democracias de este siglo han podido revertir esto, salvo por algunos logros parciales y precarios que siempre están amenazados por los que pierden con las reformas. La dura tarea de los próximos años es la construcción de nuevos lazos y alianzas sociales que sirvan de base a las reformas que necesitamos.

(*) Miembro del área de Comunicaciones.

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