08/02/2022

Valeria Reyes: “existen casos en que la trata de personas no es ejecutada por redes criminales, sino por personas cercanas a las víctimas”

Por Juan Takehara (*)

El Perú es un destino buscado por miles de personas que ingresan al país en busca de nuevas oportunidades laborales y de vida. Sin embargo, los inmigrantes corren un alto riesgo de caer en manos de sistemas perversos de explotación sexual o laboral, que afectan a grupos vulnerables, en especial niños, niñas y adolescentes. Para analizar los principales problemas de la región en este campo – y también los aciertos al enfrentarlos-, conversamos con la abogada Valeria Reyes, quien cuenta con un Master en Estudios Avanzados en Justicia Internacional, Derechos Humanos y Estado de Derecho por la Universidad de Ginebra y el Graduate Institute of International and Development Studies. 

Cuando se habla de tráfico o trata de personas parecieran que son dos conceptos similares. ¿Qué diferencias encuentra?

En realidad, las similitudes parten de que ambos son delitos relacionados con la movilidad de personas; sin embargo, apuntan a condenar comportamientos diferentes. La trata de personas es un delito de naturaleza compleja y pluriofensiva que no se limita al traslado de la víctima desde su lugar de origen o residencia hacia otro lugar de destino, sino que tiene una serie de elementos que abarcan tanto el desplazamiento, como los medios utilizados por el tratante para conseguir dicho desplazamiento y la finalidad que este persigue, que por definición está vinculada a cualquier tipo de explotación. Cada uno de estos elementos (conductas, medios y fines) ha sido desarrollado por el Protocolo de Palermo, que es el tratado internacional de mayor importancia para la lucha contra la trata de personas. Cuando hablamos de tráfico ilícito de migrantes, a diferencia de la trata, nos referimos a la conducta por la cual se busca facilitar el ingreso irregular de migrantes a un determinado lugar de destino, con lo que el traficante procura obtener algún tipo de beneficio. En los hechos, pese a tratarse de violaciones diferentes, sí podría suceder que trata y tráfico terminen superponiéndose en perjuicio de las víctimas.

Además de la explotación sexual, matrimonios forzados o trabajos forzosos, ¿qué otras formas de trata predominan en la región?

A nivel global la trata de personas es una violación de derechos humanos que tiene un impacto diferenciado en función a la variable sexo/género. Los datos existentes demuestran que las víctimas de trata son, en su abrumadora mayoría, mujeres y niñas. Como consecuencia de esto se observa que las finalidades de la trata que predominan son aquellas vinculadas a la explotación sexual en sus diferentes manifestaciones (prostitución forzada, servidumbre sexual, pornografía, etc.), pero también a la explotación laboral doméstica, por ejemplo. Ahora bien, nuestras investigaciones nos han permitido observar que la situación de especial vulnerabilidad en que se encuentran los migrantes venezolanos ha impactado también el fenómeno de la trata en la región. Las víctimas venezolanas son captadas por sus tratantes aprovechando precisamente aquella situación para ser sometidas no solo a las finalidades “tradicionales” de explotación, sino también a otros fines de naturaleza delictiva como el narcotráfico, el contrabando u otras actividades ilegales. De la mano con lo anterior aparece como una situación preocupante la normalización que existe de las formas de explotación de las personas migrantes. Con esto me refiero a que existen casos en que la trata de personas no es ejecutada por redes criminales, por ejemplo, sino incluso por círculos pequeños conformados por personas cercanas a las víctimas que tratan de obtener una ventaja indebida de las dificultades que estas pueden enfrentar para encontrar empleo y la urgencia que tienen de uno.

«El endurecimiento del control migratorio puede repercutir en que una víctima migrante de trata que además se encuentra en una situación irregular enfrente desincentivos para formular una denuncia ante la justicia y conseguir asistencia y protección, por correr el riesgo de una posible deportación». 

¿De qué manera las leyes de un país en relación al control migratorio pueden generar una mayor vulnerabilidad en los migrantes con relación a la trata de personas?

El punto clave aquí es comprender que la situación de vulnerabilidad que enfrenta una persona se puede constituir en un medio para cometer trata de personas. Es decir, este tipo de situaciones pueden ser aprovechadas por los tratantes para impulsar a las personas migrantes a aceptar condiciones laborales de explotación precisamente porque no cuentan con los mecanismos para acceder a trabajos formales; porque se encuentran en una situación migratoria irregular; porque tienen que pagar deudas derivadas de su traslado hasta el país de destino; porque no tienen círculos afectivos; etc. Entonces, endurecer la política migratoria de un Estado no soluciona necesariamente el problema de la trata, sino que puede mas bien puede contribuir a seguir agravando la condición de vulnerabilidad de las personas migrantes y convertirlas así en potenciales víctimas de este delito.

A lo anterior se suma también que el endurecimiento del control migratorio puede repercutir en que una víctima migrante de trata que además se encuentra en una situación irregular enfrente desincentivos para formular una denuncia ante la justicia y conseguir asistencia y protección, por correr el riesgo de una posible deportación, por ejemplo. Este cúmulo de elementos impacta, en consecuencia, las posibilidades que tienen los Estados de asumir de forma eficiente su obligación de luchar contra la trata mediante mecanismos de prevención y sanción.

¿Qué mecanismos encuentra en las fronteras para evitar un sistema de trata de personas?

Un elemento clave es poder generar espacios de fortalecimiento de capacidades en oficiales ubicados en puntos fronterizos. Esto se relaciona con la necesidad de que los oficiales migratorios puedan identificar supuestos que potencialmente constituyen trata de personas y reaccionar a tiempo para activar los protocolos necesarios de respuesta judicial, asistencia y protección a víctimas. En el caso peruano, por ejemplo, desde la sociedad civil se ha actuado en conjunto con la Superintendencia Nacional de Migraciones para capacitar a funcionarios migratorios en temas como el marco normativo internacional aplicable a la movilidad humana, el tráfico de migrantes, y la trata de personas. Además, desde el 2021, la Superintendencia cuenta con un Protocolo de Atención para Personas Extranjeras Víctimas de Trata, que busca orientar el accionar de aquel funcionario que conozca de un posible caso de trata de personas, de modo que active de forma oportuna las alertas necesarias. En líneas generales, es necesario no solo fortalecer los mecanismos de lucha contra la trata desde las autoridades migratorias en frontera, sino velar por que exista un trabajo articulado con operadores de justicia e instituciones encargadas de brindar asistencia y protección a las víctimas, garantizando que toda respuesta hacia este delito se formule incorporando un enfoque de género y de derechos humanos.

«Algunos países destacan por ofrecer medidas más integrales a las víctimas tanto en el corto como en el mediano plazo, como es el caso de Colombia, por ejemplo; o por ofrecer incluso respuestas para la regularización de la situación migratoria de las víctimas, como en el caso de Ecuador.»

¿Qué nuevas revelaciones reflejan los recientes estudios que ha participado con relación a la Trata de personas?

Creo que un punto que viene analizándose cada día más es el uso de las TICs (tecnologías de información y comunicación) como un medio para perpetrar la trata de personas. Lo que hemos podido encontrar en una investigación reciente es que las modalidades de comisión de la trata no han sido ajenas a la virtualidad a la que hemos virado con ocasión de la pandemia. Esto quiere decir que, así como muchas de nuestras interacciones cotidianas hoy en día se dan por medios virtuales, los mecanismos de captación de víctimas de trata también han empezado a proliferar por dichos medios también. Entonces, se observa – no solo en el caso peruano sino también en otros países como Ecuador – la existencia de redes criminales que se valen de medios virtuales como la web o las redes sociales para difundir ofertas laborales fraudulentas o recurrir a la suplantación de identidades o creación de perfiles falsos online para generar vínculos afectivos con las víctimas (grooming) y facilitar su captación. Lo anterior, sin duda, impone nuevos retos para los funcionarios encargados de la persecución del delito, que deben desarrollar nuevas estrategias para identificar estas prácticas no tradicionales y brindar respuestas efectivas.

¿Qué mecanismos de alivio considera importante destacar en los países que logran rescatar a las personas víctimas de la trata de personas?

En general, un dato alentador en la región es que los países que hemos podido analizar a nivel Sudamérica y Caribe, suelen contar con normativa que dispone mecanismos de asistencia y protección a víctimas de trata, que se ajustan en mayor o menor medida a los estándares que exige el Protocolo de Palermo. Algunos países destacan por ofrecer medidas más integrales a las víctimas tanto en el corto como en el mediano plazo, como es el caso de Colombia, por ejemplo; o por ofrecer incluso respuestas para la regularización de la situación migratoria de las víctimas, como en el caso de Ecuador. Aunque existen retos pendientes, la mayoría de los Estados ofrecen casas o albergues de acogida, así como asistencia judicial, médica o psicológica gratuita para las víctimas. Sin embargo, aún se observan dificultades para activar de forma clara y oportuna estas rutas de asistencia y protección, en la medida en que los Estados no suelen contar con unidades especializadas que centralicen esta tarea, sino con distintas instituciones que suelen responder en simultáneo y de forma poco articulada. De igual manera, también se encuentran desafíos en cuanto a la disponibilidad de recursos humanos y económicos para ofrecer medios de asistencia y protección adecuados y suficientes, aunque la cooperación internacional y de la sociedad civil han contribuido a atender de mejor manera estos mandatos.

(*) Integrante del área de Comunicaciones.

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