Este viernes, 10 de diciembre, se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de los Derechos Humanos. Como es sabido, en esa fecha se recuerda la adopción, por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Desde ya hace dos años la agenda de derechos humanos se encuentra atravesada por el problema de la pandemia de Covid-19, de la cual todavía el mundo no logra salir a pesar de los significativos avances conseguidos a través del desarrollo de vacunas. La pandemia, naturalmente, no cancela ni mitiga los otros grandes problemas –problemas históricos—que afectan a la vigencia de los derechos humanos. En todo caso, los agrava, y es por eso por lo que se le ha dedicado esa atención especial. Pues, en efecto, lo que ha estado sucediendo, como se advirtió desde el primer momento, es que los rigores de la pandemia y de las medidas para hacerle frente se centran principalmente en sectores de la población que ya, de antemano, eran vulnerables a la violación de sus derechos humanos o que tenían las mayores dificultades para ejercerlos.
Nos referimos, por ejemplo, a los pueblos indígenas, a la población en situación de pobreza, a la población adulta mayor, a quienes tienen alguna discapacidad. Pero también a las mujeres, a quienes las medidas de cuarentena afectan de manera particular, o a sectores de la población cuya opción sexual las expone a tratos discriminatorios del Estado, o a la población migrante, cuyo estatus jurídico es usado muchas veces como pretexto para negarles atención en la crítica situación sanitaria actual.
Pero, por otro lado, la agenda preexistente a la pandemia subsiste, y una fecha como esta debe ser un recordatorio de todo ello. Un repaso de los temas más urgentes de atención en el Perú incluye, por ejemplo, los derechos de los pueblos indígenas, y, como parte de eso, la ola de violencia contra los defensores de tales derechos y los derechos ambientales; los derechos de mujeres; los derechos de personas con discapacidad; el control del uso de la fuerza pública contra la población que se manifiesta públicamente; las deudas de reparación y justicia a las víctimas de violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno; los derechos vinculados con el género y la opción sexual, y varios otros.
Frente a todo ello, el Estado tiene obligaciones que se encuentran expresadas en el Plan Nacional de Derechos Humanos, aunque no se agoten en él. Es preocupante, por todo esto, que la inestabilidad política del país, y el clima de agudo antagonismo que domina la esfera política, distraigan la atención de las autoridades electas y nombradas –Ejecutivo y Legislativo—de las políticas de Estado que deberían ser el fin central de su desempeño.
