[Editorial] El atolladero electoral

En la última semana se ha activado la primera fase de lo que será la carrera electoral presidencial del 2021. Y el espectáculo inicial no es nada auspicioso. De hecho, es prácticamente igual a lo que hemos visto desde que se recuperó la democracia tras la experiencia autoritaria de la década de 1990. Es decir, una danza de alianzas e inscripciones en partidos de la que está ausente cualquier consideración ideológica o programática. La única lógica en juego, hasta donde se puede ver por ahora, es esta: de parte de los partidos con inscripción electoral en el JNE, se trata de buscar un candidato presidencial que pueda ayudar a conseguir cupos en el Congreso; del lado de los aspirantes a candidato, se busca una casa con los títulos saneados, es decir alguien con inscripción en el JNE que les sirva de cobijo.

Y eso parece ser todo, de manera que resulta difícil esperar que el ciclo político que se abrirá con el Bicentenario sea sustantivamente distinto de lo que tenemos hasta el momento. Vamos a las elecciones de 2021 prácticamente con las mismas reglas que han regido hasta ahora, a pesar de los intentos de reforma política que han ocupado al país –además de la pandemia y la persistente corrupción—en los dos últimos años. Estarán en vigencia algunas normas que buscan moralizar a la representación política, excluyendo a personas con sentencia en primera instancia, o que procuran un equilibrio demográfico más justo con los principios de paridad y alternancia. Pero, en conjunto, no se ha podido poner en vigor otras medidas (plazos de inscripción, elecciones primarias abiertas y algunas más) que rindan, como resultado compuesto, una mejora significativa de las propuestas electorales. Es cierto que algunas de esas normas se han visto bloqueadas por la fatalidad de la pandemia de COVID 19. Pero también es verdad que, dejando a un lado la crisis sanitaria, ha habido escasa voluntad política en el Congreso –el anterior y el actual—de regenerar seriamente las reglas de juego. Y así se puede confirmar un círculo vicioso: el resultado de unas elecciones sin reforma política probablemente solo hará más difícil poner en vigor una reforma en el futuro.

De más está señalar lo desafortunado que es esto para la urgente agenda económica, política y social del país. Durante la crisis sanitaria se ha hecho evidente que el modelo de conducción económica de los últimos treinta años, si bien aparentemente acertado desde el punto de vista financiero, en el fondo resultaba un experimento frágil y poco sostenible: empleo, atención en salud, educación, política previsional, todos esos elementos, y varios más, se han mostrado como cascarones que se agrietan ante una emergencia. De hecho, eso ya había sido visto, pero no reconocido, durante la crisis causada por el Fenómeno del Niño en el año 2017. Y esa fragilidad del sistema económico tiene, naturalmente, consecuencias inevitables sobre los derechos fundamentales de la población. Un país precario es un país sin derechos.

Si hasta el momento el país parecía marchar a pesar de su desbarajuste político, ello era porque se había decidido creer en la bondad de un modelo económico que se manejaba solo. Pero hoy es evidente que no hay tal modelo o que, si lo hay, no es compatible con una concepción sustantiva de la democracia, y tampoco es autosostenible en términos económicos. Hoy nos damos cuenta de que esa idea, la del desarrollo sin política, es solamente una ficción interesada. Y, por lo tanto, es claro que el país necesita restaurar su funcionamiento político, lo cual significa tener planes, debate sobre esos planes, y voluntad de llevarlos a cabo. El espectáculo ofrecido hasta el momento no promete nada de eso. En los meses inmediatos corresponde a las organizaciones de la sociedad civil encontrar formas de garantizar que la elección del 2021 sea algo más que las contiendas entre aspiraciones oportunistas que hemos tenido hasta ahora.