[Editorial] Recuperar la dignidad democrática

La designación del congresista Francisco Sagasti como presidente de la República, como consecuencia de su previa elección como presidente del Congreso, cierra por el momento uno de los episodios más bochornosos de nuestra vida política reciente. Pero nada autoriza a pensar que de este modo el Perú se está enrumbando hacia la estabilidad política ni que está dejando atrás las serias amenazas al orden democrático y el Estado de Derecho que, con poca fortuna, se ha tratado de consolidar desde hace dos décadas. Los hechos de la última semana nos dejan, en realidad, contundentes certezas sobre la ineptitud de quienes hoy hacen política nacional, enormes dudas sobre el marco institucional de nuestra democracia y urgentes obligaciones de reforma.

En contrapartida, la reciente crisis política también ha mostrado que la sociedad peruana tiene una intensa capacidad de movilización y que, mientras ella se mantenga, será difícil para los enemigos de la democracia y para los promotores de intereses corruptos capturar el gobierno del país.

Ha quedado claro para todo el país que la maniobra de un grupo de partidos en el Congreso para apoderarse del gobierno fue completamente ilegítima y que se apoyó en un uso pérfido del concepto de “incapacidad moral”. Una vez consumada la maniobra se evidenció el propósito de la captura del poder, que no era otro que favorecer intereses muy específicos. De ahí el anuncio de que se pasaría por alto las decisiones de la Sunedu sobre algunas universidades, así como las propuestas en el Congreso para socavar las leyes de protección ambiental que incomodan a ciertos sectores empresariales legales y también ilegales. Todo ello estaba en línea con el perfil de un efímero gabinete ministerial que en ningún momento ocultó su intención de desarrollar una agenda contraria a importantes asuntos de interés público.

La caída de ese gabinete y de quien había capturado la presidencia, el congresista Merino de Lama, ha sido un revés completo para los partidos conjurados. Su siguiente paso fue obstruir en la medida de sus posibilidades alguna salida a la crisis que, sin restaurar la situación anterior, al menos fuera congruente con la exigencia social de democracia y con el rechazo masivo a lo que muchos consideran un golpe de Estado. A pesar de los obstáculos puestos por esos partidos, se ha conseguido una salida con la instalación de una nueva Mesa Directiva del Congreso y un nuevo Presidente de la República, que generan mayor confianza en que el país podrá reconducirse al cauce institucional.

No se puede dar vuelta a esta página vergonzosa sin sopesar, establecer y sancionar las responsabilidades. Es ineludible señalar la enorme responsabilidad de esos partidos que primeramente rompieron el orden constitucional, después orquestaron una represión brutal contra la población que se manifestaba contra la maniobra, y finalmente dejaron al país sin gobierno durante días. Se acumulan, ahí, no solamente graves responsabilidades políticas que el país no puede olvidar, sino también responsabilidades penales concretas por la muerte de dos personas, que el Ministerio Público debe establecer sin demora. La investigación ya abierta sobre el congresista Merino de Lamas, sobre Ántero Flores Aráoz en tanto primer ministro del frustrado gobierno, y sobre el ministro del Interior de ese grupo, Gastón Rodríguez, es un paso indispensable para restaurar la confianza ciudadana en la justicia y el Estado de Derecho.

Del gobierno transitorio que se inaugura hoy no se pueden esperar muchas cosas, pero aquellas que sí se puede demandar son cruciales y suponen una enorme responsabilidad. Su tarea es, sobre todo, restaurar el rumbo institucional del país y llevarlo a unas elecciones limpias y libres en abril de 2021. Tiene también el encargo perentorio de mantener y fortalecer las políticas contra la pandemia de COVID-19 y sentar algunas de las bases indispensables para la reactivación de la economía nacional, cuya depresión golpea a la ciudadanía tanto como la crisis sanitaria. Pero, además de lo dicho, quienes integren el nuevo gobierno, así como los pocos sectores moralmente sanos que quedan en el Congreso, tienen la enorme obligación de devolver al país cierto sentido de dignidad democrática, cierta confianza en que la política, el ejercicio de los cargos públicos, y la vida pública nacional, pueden ser algo superior, algo más decente que el sórdido espectáculo brindado en la última semana por los grupos que controlan el Congreso de la República.