17/08/2021

[Reseña] Proceso de diálogo para el Plan Nacional de Memoria

Iris Jave (Coord.). Proceso de diálogo para el Plan Nacional de Memoria (2021). Lima, Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Embajada Alemana, 36 p.

Reseña por: Lucía Mancilla (*)

El periodo de violencia vivido en el Perú entre 1980 y 2000 representa un desafío ante las demandas de verdad, justicia y reparación, garantías de no repetición y memoria de forma efectiva. En ese sentido, el presente documento busca contribuir a la discusión en torno a estas demandas ciudadanas con miras a construir una verdadera experiencia de paz democrática y ejercicio de ciudadanía, posterior al conflicto armado interno. El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con el apoyo de la Embajada Alemana y en el marco del proyecto «Contribuyendo a la construcción de un Plan Nacional de Memoria en el Perú», ha elaborado Procesos de Diálogo para el Plan Nacional de Memoria. Documento de sistematización. Este trabajo es el resultado de un conjunto de espacios de diálogo entre representantes de organizaciones de familiares y víctimas, de organismos de derechos humanos y de desarrollo, la academia y funcionarios y funcionarias del Estado en el ámbito subnacional.

Para el proceso de diálogo, se utilizó una metodología participativa y virtual entre 110 actores clave como a) representantes de organizaciones de víctimas; b) representantes de organizaciones de la sociedad civil; c) funcionarios públicos de las zonas de intervención; y d) miembros de la academia especializados en el tema. Asimismo, debido al grado de violencia que sufrieron durante el conflicto, se tomó como regiones de intervención a Ayacucho, Junín, Huánuco y Lima. A través de grupos pequeños, se realizaron diálogos tanto sobre las percepciones generales del significado de la memoria como de las iniciativas de memorialización de su conocimiento e interés. De este modo, se logró sistematizar información sobre las expectativas y percepciones de la población que culminó en el establecimiento de tres ejes: a) reconocimiento, respeto y dignificación; b) garantías de no repetición; y c) conmemoración.

Ahora bien, el proyecto hizo uso de cinco enfoques: enfoque de derechos humanos, género, interculturalidad, intersectorialidad e intergubernamentalidad, y participación. El primero se construye sobre la consideración de los derechos humanos como el conjunto de derechos fundamentales de todo individuo. Asimismo, “establece la responsabilidad política, jurídica y ética del Estado para hacer cumplir y generar las condiciones de ejercicio pleno de la ciudadanía y de los derechos humanos” (2021: 11) basados en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Por su parte, el enfoque de género realiza una lectura de la realidad desde la identificación de los roles socialmente impuestos que asumen hombres y mujeres, así como las asimetrías que estos conllevan. Este enfoque supone dar cuenta de dichas inequidades para proponer herramientas e iniciativas que fomenten la igualdad de género. El tercero, el enfoque intercultural, reconoce la diversidad étnico-cultural y la necesidad de espacios de diálogo entre diversos grupos. Al mismo tiempo, en este caso específico, permite identificar los impactos diferenciados de la violencia con miras a plantear respuestas particulares. El cuarto enfoque, intersectorialidad e intergubernamentalidad, da cuenta de la necesidad de plantear políticas públicas integrales donde converjan distintos sectores de un mismo gobierno. Finalmente, el enfoque participativo “parte de la necesidad de recrear las relaciones entre el Estado, las instituciones y la sociedad” (2021: 13); es decir, concibe que las políticas a implementar deben ser construidas sobre el diálogo con las víctimas de la violencia y la sociedad civil.

“La falta de consenso ha obstruido la posibilidad de un pleno ejercicio del derecho a la memoria y la lucha contra la impunidad por violaciones de derechos humanos en el país.”

En esta línea, la investigación forma parte de la necesidad de repensar las iniciativas en torno a la justicia transicional, la cual en un esfuerzo por fomentar una cultura de paz, busca a) esclarecer las violaciones del pasado, b) afrontar los retos del presente, y c) preparar un mejor futuro. Dentro de este panorama, la memoria de la violencia juega un papel fundamental en la construcción individual y colectiva del pasado, pues permite “reconstruir el pasado de forma activa para afrontar y superar el dolor causado y aprender de él para que las atrocidades no vuelvan a ocurrir” (2021: 15). Teniendo en cuenta los elementos mencionados, es posible aspirar a la reconciliación y un nuevo pacto social desde la refundación de los vínculos que nos unen como ciudadanos de una misma nación. Por ende, para construir una verdadera cultura democrática, esta debe ser multiétnica, pluricultural, multilingüe y multiconfesional.

En el contexto de posconflicto, los elementos mencionados resultan un desafío, ya que requieren no solo de la creación de sitios de memoria, sino -y sobre todo- del establecimiento de consensos sobre la memoria (o memorias) oficiales. En efecto, en nuestro país, “el intento de establecer una memoria oficial de la violencia a través de un espacio estatal ha sido objeto de tensiones, conflictos y polarización en el debate público” (2021: 19). Por ello, la falta de consenso ha obstruido la posibilidad de un pleno ejercicio del derecho a la memoria y la lucha contra la impunidad por violaciones de derechos humanos en el país. Como señala el documento, podemos encontrar las causas de este conflicto en a) la poca atención por parte de la agenda nacional a las demandas de las víctimas; b) la «satanización» de diversos sectores de la sociedad que promueven el respeto por la diferenciación religiosa, étnica y cultural; c) la corriente negacionista que justifica y defiende las acciones del Estado durante el CAI; d) la debilidad institucional para llevar a cabo políticas integrales a favor de los derechos humanos; e) la desarticulación entre instituciones y sectores del Estado; f) la prevalencia del autoritarismo como cultura política en el país; g) la discriminación étnico-racional; y h) la presencia de remanentes terroristas en el VRAEM y del MOVADEF.

Finalmente, la publicación propone alternativas de solución que fueron recogidas del proceso de diálogo entre los actores antes mencionados con el objetivo de plantear las bases para una política nacional de memoria. Se identificó seis alternativas de solución en función de objetivos prioritarios: a1) dignificación y reconocimiento de las víctimas, los sobrevivientes y los héroes civiles, policiales y militares; a2) gestión de iniciativas de memorialización; a3) pedagogía de la memoria; a4) reconocimiento de violaciones de los derechos humanos y sus responsables; a5) revalorización de la cultura e historia local; y a6) cultura de paz. Dentro de cada sección, el documento distingue los lineamientos, las acciones específicas a llevar a cabo, las personas involucradas y los proveedores. De esta manera, desde la propuesta de acciones concretas, este documento contribuye al diálogo de una manera participativa y desde la centralidad de las víctimas de la violencia.

(*) Miembro del área Comunicaciones IDEHPUCP

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