Nos encontramos a cinco días de las elecciones generales. A estas alturas, se puede dar por seguro que habrá una segunda vuelta para definir al próximo gobernante. También se puede dar por demostrado que ninguna de las organizaciones en competencia es realmente representativa de la voluntad ciudadana. Cualquiera sea el resultado, estas elecciones confirmarán que la democracia peruana se encuentra en una grave crisis.
Para salir de ella se necesita cambios en muy diversos órdenes, pero, en primer lugar, se precisa una verdadera reforma del marco institucional y normativo –las reglas de juego—que rige a la política. Pero esa reforma solo será posible con un Congreso enfocado en atender asuntos públicos (en lugar de proteger intereses de grupo), lo cual no es esperable que resulte de esta elección.
Frente a esta situación que parece llamada a prolongarse por varios años más, la democracia peruana solo puede contar, por el momento, con la atención y la vigilancia ciudadana para su supervivencia. No es un remedio suficiente, pero sí es una actitud indispensable cuando el aparato institucional no provee salidas.
«Creemos que una democracia sana es aquella que está siempre atenta a garantizar los derechos de todos, y en particular los de sus sectores de población más vulnerables.»
Esa vigilancia y esa fiscalización pueden adoptar diversas formas. La movilización ciudadana, que se ha vuelto recurrente durante las dos últimas décadas, es una de ellas. Diversos atropellos institucionales y leyes arbitrarias han sido revertidos en estos años por tal movilización. La última fue la usurpación del poder por el congresista de Acción Popular Manuel Merino. Observando el poco apego a las formas y a la normatividad de la democracia de varias de las agrupaciones que podrían entrar al Congreso, es claro que la presencia activa de la ciudadanía seguirá siendo indispensable.
Al mismo tiempo, aunque sea muy poco lo que el sistema de partidos ofrece, los electores deben insistir en examinar los programas de acción o planes de gobierno que se ofrecen. Hay algunas agrupaciones que sí se han esforzado en elaborar planes de gobierno integrales y coherentes, y, sobre todo, vinculados con los grandes problemas que afronta el país, más allá del indispensable tema de la pandemia, y la crisis económica resultante. Pero la mayoría de las candidaturas no exhibe un interés parecido.
En esta edición del Boletín de IDEHPUCP presentamos una mirada a lo que las agrupaciones en competencia ofrecen sobre cuatro temas centrales para nuestra democracia: la lucha contra la corrupción, los derechos de los pueblos indígenas, la memoria de la violencia y los derechos de las víctimas, y las políticas sobre movilidad humana y derechos de la población inmigrante.
Salvo el tema de la corrupción, estos son asuntos habitualmente descuidados no solamente por los políticos, sino por la opinión pública en general. Creemos que una democracia sana es aquella que está siempre atenta a garantizar los derechos de todos, y en particular los de sus sectores de población más vulnerables. Nuestra vigilancia ciudadana debería contribuir a que estos temas, ignorados por la mayoría de las organizaciones políticas en competencia, se conviertan en asuntos de verdadero interés público.
