[Editorial] Fiestas Patrias 2020: reflexionar antes que celebrar

Este aniversario de la Independencia encuentra al país enfrentado a tres circunstancias difíciles y de amplias consecuencias potenciales. Las tres, por otro lado, están interconectadas. La primera, evidentemente, es la pandemia de COVID-19 con la que el Perú, igual que el resto del mundo, lidia dificultosamente desde hace más de cinco meses. La segunda, directamente derivada de la anterior, es la profunda crisis económica y social ocasionada de manera inevitable por las políticas de contención del contagio. La tercera situación preocupante antecede a las dos anteriores. Se trata del callejón sin salida en que se encuentra atrapada la vida política del país. Hay que notar que la falta de una respuesta a este tercer problema dificultará enormemente las respuestas a los dos primeros.

Hasta ahora no se ha podido restaurar un proceso político democrático funcional, con actores que debatan y negocien de buena fe propuestas serias dentro de un cauce institucional. Como era predecible, la elección de un nuevo Congreso no dio ese resultado, aunque permitió, por lo menos, eludir la grave amenaza que el anterior Congreso planteaba para la democracia. Por su parte, los partidos políticos siguen confinados por voluntad propia en un horizonte de expectativas exclusivamente electoral. Ya hace décadas han dimitido de su papel de articuladores del debate político más amplio. En esa situación, el actual gobierno aparece como el único actor político a cargo de formular y tomar decisiones. Esa ausencia de debate serio y responsable es una pérdida para el país. Es difícil encontrar respuestas efectivas y, a la vez, socialmente legítimas, cuando el juego democrático se encuentra suspendido por la deserción de sus protagonistas.

El gobierno viene tomando medidas para continuar la contención del contagio, ahora sin medidas de restricción en la mayor parte del país, así como para reactivar la economía. Poco a poco se deja sentir –o tal es, en todo caso, la percepción de buen parte de la población—un sesgo en esas medidas: una inclinación a favorecer a las grandes empresas y a cargar el costo de la prevención sanitaria y de la reactivación sobre las espaldas de la población. Un gobierno que da incentivos a las grandes empresas, pero que renuncia a fiscalizarlas, implica una inesperada reedición del modelo elitista que conoció nuestra República en el siglo XIX. No se perciben mensajes enérgicos, por ejemplo, sobre la protección de los derechos de los trabajadores en este nuevo contexto. Tampoco hay pronunciamientos claros sobre el respeto de los derechos de los pueblos indígenas en el momento en que se proyecta reabrir o relanzar proyectos de explotación de recursos naturales. Las normas que protegen a los ciudadanos consumidores de bienes y servicios contra el abuso corporativo son aplicadas con desgano y negligencia. En general, predomina un silencio inquietante sobre la dimensión social y de derechos humanos que deberían tener las estrategias contra la pandemia y las políticas de reactivación económica.

Como se ha sugerido antes, más allá de la voluntad específica del gobierno, el cual podría estar adoptando una mirada puramente tecnocrática a los dilemas que enfrentamos, este silencio es también producido por la ausencia de actores políticos relevantes. Y eso nos devuelve al punto en que estábamos antes de que la pandemia monopolizara la inquietud nacional: la urgencia de una reforma política que permita, al mismo tiempo, combatir a la corrupción y propiciar que la representación política sea, en efecto, representativa, lo cual quiere decir que sea responsable ante la ciudadanía y tenga una verdadera agenda pública que proponer y defender.

Este aniversario de la Independencia, que es el último antes del Bicentenario, invita, así, más a la reflexión que a la celebración. El país está enfrentando no una sino varias crisis y todavía no se percibe pasos claros para enfrentarlas constructivamente. Que esta fecha de resonancias históricas nos haga recordar que la historia se construye cada día, con las decisiones y resoluciones que se toma o se deja de tomar cotidianamente. Quienes hoy tienen autoridad y mandato para tomar decisiones de cambio son desde ya los responsables del destino institucional del país en las próximas décadas.