Gisela Ortiz: “siempre es peligroso que se fujimorice la agenda pública y política”

 Por: Juan Takehara (*)

Tras la decisión del Tribunal Constitucional de declarar fundado un hábeas corpus a favor de Alberto Fujimori, conversamos con Gisela Ortiz, exministra de Cultura y familiar de una de las víctimas de La Cantuta (hermana del estudiante Luis Enrique Ortiz Perea) quien lamentó que se siga vulnerando los derechos de quienes buscan justicia por hechos de hace 30 años. Pidió además que la Corte IDH debe pronunciarse sobre el tema.

Como dices, durante años hemos exigido justicia y denunciado la impunidad, y lo hemos hecho no solo por un afán de garantizar derechos sino también a modo de enseñanza, para que se conozcan las historias dolorosas que nos ha tocado vivir al perder a un ser querido y que nos dejan como lección que estos hechos nunca más deberían repetirse en nuestro país. Nos preguntamos ahora cómo hacemos para que esas historias no se repitan y la respuesta es garantizando nuestros derechos, como el derecho a la verdad, a saber qué pasó y quiénes fueron los responsables, o el derecho a una justicia que no solo castigue a los responsables sino que también sea coherente con la historia que se va contando y desarrollando sobre los hechos. Aquí vivimos en una permanente burla a la justicia, buscando mecanismos para evadirla alegando enfermedades terminales o mediante indultos, presiones políticas y mediáticas, manipulación de instituciones del Estado que buscan garantizar la libertad de los asesinos. Los familiares de las víctimas seguimos en medio de toda esta historia como si fuéramos invisibles, porque nadie nos pregunta sobre todo lo que hemos hecho y caminado para alcanzar esos derechos y nadie piensa en ese cierre necesario que necesitamos para recuperar la tranquilidad que se perdió hace muchísimos años.

Por otro lado, creo que siempre es peligroso que se fujimorice la agenda pública y política. Hace mucho tiempo estamos permanentemente a la espera de una acción -generalmente ilegal- del fujimorismo; entonces, el fujimorismo se pone en el centro de la atención pública y nos olvidamos de los grandes problemas del país, de todas las cosas que tenemos que atender. Hay que recordar que el fujimorismo en esencia representa una década de dictadura, de control de medios de comunicación, de mucha corrupción y criminalidad. Los familiares nos sentimos burlados por el Estado porque no garantiza nuestros derechos. Somos nosotros los que conseguimos con mucho esfuerzo pequeños logros – como la propia sentencia-, pero luego hay que estar vigilantes de que nadie nos los vuelva a quitar. Y esto no significa exigir sentencias que busquen la muerte de los sentenciados en prisión o de cadenas perpetuas, sino que todo se ejecute dentro del marco que la propia legislación peruana establece. Lo que no podemos aceptar de ninguna manera es que se aprovechen del poder político, de la presencia en instituciones del Estado, para contar otra historia. Nuestros familiares nunca fueron acusados ni juzgados por nada, no tuvieron ni proceso ni sentencia, pero fueron ejecutados extrajudicialmente, un delito grave que conlleva también la complicidad de muchos políticos que ahora están tratando de cambiar los hechos y responsabilidades.

Esta noticia de alguna manera nos ayuda a repensar un poco en nuestras carencias; tal vez podríamos aprovecharla como una ocasión para reflexionar sobre cómo nos comprometemos a cambiar algunas cosas que todavía no cambian. Una de ellas es la fragilidad de nuestras propias instituciones como el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, y ahora el Tribunal Constitucional que nos demuestran que no siempre actúan en función a la propia Constitución que tiene que defender, ni a las leyes ni derechos que deben garantizar, sino llevados por muchas otras motivaciones. En el caso del Tribunal Constitucional se observa cómo se eligen a sus miembros, casi como cuota partidaria, lo que ahora se viene haciendo en algunos ministerios. Esta situación nos ayuda también a pensar en cuál debería ser el mecanismo idóneo para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Lo que todos queremos – incluido los familiares – son instituciones sólidas, que tengan legitimidad para tomar decisiones incuestionables, que no motiven sospechas de negociación política y de ilegalidad.

Que además de la indignación, también hay hartazgo. Nos vamos haciendo viejos en esta lucha que viene desde los 90 e inicios del 2000 y en la que seguimos exigiendo cosas básicas como justicia. A mí me sorprende también la solidaridad y la capacidad de reacción de la gente que se indigna y se mueve. Eso es importantísimo, porque no nos quedamos con la rabia y molestia en nuestras casas, sino que decimos hacer algo. Pero es una reacción que no debe quedarse solo en eso, sino que debe llevar a ver cómo recogemos lo que la calle está diciendo justamente para realizar estos cambios que se necesitan. Hay que ver cuánta madurez política existe para canalizar todos estos mecanismos de expresión popular que están señalando estas deficiencias y salir a decir: “bueno, de nosotros nadie se va a burlar”. La marcha también sirve como un llamado de atención a los funcionarios y a esta vigilancia permanente que siempre tiene no solamente una expresión pública, sino que también genera resultados. En este caso seguimos esperando el fallo por escrito del Tribunal Constitucional, que todavía no sale, pero que ya deben estar leyendo estas reacciones.

En realidad, fue el presidente que nos convocó para esta reunión. Para los familiares eso es fundamental porque por primera vez un presidente tiene la voluntad de llamarlos para escucharlos. Creo que nadie, salvo yo, conocía Palacio de Gobierno, no habían estado ahí en ninguna oportunidad y eso es significativo porque sientes que la persona más importante políticamente del país se interesa por un caso que tiene más de 30 años. Él nos ha escuchado realmente con mucha calma y tiempo, casi a todos les pidió su testimonio de lo que ocurrió y que han ido haciendo todos estos años. Algo que ya he dicho antes es que he podido encontrar a un presidente sensible en este tema. Él no solamente tiene una hermana que fue esterilizada forzosamente -ahí tiene un vínculo afectivo-  sino que ha expresado su indignación ante este Tribunal en la decisión de poner en libertad a Fujimori. Le hemos pedido que evalúen política y jurídicamente lo que les corresponde hacer al Ejecutivo. Sería importante que por primera vez el Estado peruano no solamente se allane ante la Corte Interamericana, sino que se sume al pedido de los familiares, pues generalmente uno va al Sistema Interamericano y tiene a un Estado enemigo al frente, que está negando los hechos, que está justificando su comportamiento y que no entiende realmente esta posición firme de los familiares de alcanzar justicia. Ese gesto político es fundamental. Sabemos que el presidente ha sostenido reuniones no solamente con el Premier, con el Canciller, con el ministro de justicia y sus asesores en el tema, por lo que esperamos que el Estado tenga alguna posición favorable. La Corte Interamericana le puso como plazo al Estado peruano máximo hasta el 25 de marzo – esta semana- para que envíe el informe sobre las medidas provisionales en relación a la decisión del Tribunal Constitucional.

Creo que hay mucho desconocimiento, esa es la verdad. Durante décadas hemos tenido gobiernos sin ningún interés en los temas de derechos humanos y eso ha generado también algunas creencias, como que estos son temas cerrados, que ya se hizo justicia al juzgar a Fujimori, por lo que ya no hay nada pendiente, o que en el proceso de las reparaciones también todo se ha terminado. Por lo que he conversado con varios ministros he notado que no sabían que había temas pendientes y eso es un problema grande. Primero, porque en nuestro país estamos siempre compitiendo entre víctimas sobre cuál es el tema más urgente. Ahora estamos con el problema medioambiental tras el derrame de Repsol, y tenemos ahí a los pescadores que están meses ya sin trabajo; lo mismo con las víctimas mujeres que están desapareciendo y siendo asesinadas. También está el problema de niños y niñas huérfanos cuyos padres fallecieron por Covid y vamos así, sumando y sumando víctimas frente a un Estado que no termina de atender a nadie. Se desconoce varios problemas esenciales en materia de derechos humanos, de la falta de presupuesto en el Ministerio Público para seguir avanzando, de la falta de jueces para los juicios penales que ni siquiera se inician. Por ejemplo, recién empieza el juicio de Jaime Ayala, un hecho que ocurrió en los años 80. Otro gran problema es que no tenemos un Estado articulado. Cuando hablamos de las víctimas se piensa que el responsable es el Poder Judicial, pero tenemos sentencias de la Corte Suprema cuyas reparaciones civiles no se han cumplido en absoluto. No hay articulación en los ministerios. Cuando hablas con algunos ministros y le mencionas que están pendiente las reparaciones en vivienda y salud al personal de la Marina, dicen «¿qué’, ¿no ha terminado?» y son reparaciones que ni siquiera se ha empezado a dar. Cuando hablas con el Ministerio del Interior para el reconocimiento a las viudas- que además tienen problemas de atención en salud por una serie de problemas con su seguro- te das cuenta de que nadie está atendiendo esto. Dada esta alta volatilidad de ministros, tenemos que cada vez que llega uno nuevo se empieza a hacer el trabajo de información y conocimiento, pero luego todo eso se acaba en unos meses y nadie avanzada nada.

(*) Miembro del área de Comunicaciones.