Jennie Dador Tozzini: “cuando hablamos de los derechos humanos estamos viéndolos como meta hacia arriba y hacia delante, más no como el piso mínimo del cual deberíamos partir”

Por Juan Takehara (*)

Cerca a conmemorarse el día de los Derechos Humanos (10 de diciembre) es importante recordar que los derechos humanos son derechos inherentes a todos y todas, sin distinción alguna de nacionalidad, sexo, origen étnico, opinión, religión, lengua o cualquier condición que las defina. Sin embargo, todavía en el Perú existen miles de personas que no logran acceder a sus derechos más básicos. Conversamos con Jennie Dador Tozzini, directora ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, sobre las principales demandas de nuestra población en materia de derechos humanos.

Desde el 2020 hemos venido analizando lo que tiene que ver con el derecho a la salud. Básicamente, las propuestas de quienes están en los espacios de gobierno no alcanzan a tener una mirada integral del derecho a la salud con todos sus determinantes. Se ha pensado en la reforma del sistema de salud, pero no se están considerando todas las dimensiones que este tiene como el acceso al agua, la vivienda o el trabajo. La urgencia ha estado centrada también en ese aspecto. Y, por supuesto, en las tremendas desigualdades en el territorio nacional y la presencia diferenciada del Estado con respecto a los servicios públicos. No se trata solo de saber que existen servicios de salud privados, sino de encontrar situaciones que, aun cuando tuvieras dinero, no habría posibilidad de acceder a ellos. Además, han existido grupos como los pueblos indígenas que han tenido un mayor nivel de afectación. También se ha mostrado un Estado y una sociedad que trata a determinados grupos poblacionales -sobre todo, al grupo de adultos mayores- como descartables. Un ejemplo de ello es la condición de tener menos de 65 años para acceder a una cama UCI o una respiración asistida. Parte de las reflexiones actuales han sido analizar nuestra mirada sobre la infancia, la niñez, la violencia, los sistemas de cuidados y cómo nuevamente las desigualdades de género se profundizan en estas situaciones de crisis. Estos temas han sido parte de las reflexiones, entendiendo que estos derechos no están colgados en el aire, sino que tienen que ver con la necesidad de contar con una institucionalidad.

Hablemos de reactivación, pero «reactivación con derechos». Abrir el debate sobre todo en la posibilidad de un nuevo pacto social. No estamos hablando necesariamente de una asamblea constituyente o de un cambio de constitución, pero sí tiene que ver con un conjunto discusiones y debates. En el Perú, hemos estado regidos por normas que están por debajo de lo que son los estándares de derechos humanos. Somos un país tan deficitario que de alguna manera cuando hablamos de los derechos humanos estamos mirándolos como meta hacia arriba y hacia delante, más no como el piso mínimo del cual deberíamos partir. Tenemos que ayudarnos y ponernos al día con el tema de los derechos humanos, porque estamos en déficit. En conjunto con determinados grupos de poder económico, debemos hacer un proceso de reflexión donde se entienda que, si no respetas derechos, si no hay estándares de derechos en tus intervenciones, a la larga tu propio proceso y apuesta de negocio o actividad económica va a terminar siendo insostenible. Los estándares de derechos van a mejorar las posibilidades de convivencia para todos. Además, observamos que en casi todo el todo el país las problemáticas de violaciones a los derechos humanos tienen detrás grandes negocios atravesados por la corrupción. Lo que hay detrás del despojo de las tierras a los pueblos indígenas en la Amazonia o en la costa norte y sur del país, son negocios corruptos. En la selva, se genera por los recursos; en la costa, porque se quiere urbanizar determinadas extensiones. Allí también están comprometidos la minería ilegal o el narcotráfico. No estamos ante un tema ideológico, ni de izquierdas o derechas, es un tema de corrupción.

Por triste que suene, todavía mantenemos una agenda histórica. Estamos hablando de las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante la época del conflicto armado interno. Todavía hay un paquete de juicios que están en camino, algunos dentro del país. Por ejemplo, solamente tenemos un juicio que se ocupa del tema de las violaciones por violencia sexual contra las mujeres, que es el caso de Manta y Vilca -el cual está en etapa oral-, algunos otros están en la Comisión o en la Corte Interamericana. En el tema de las reparaciones, sí hay algunas que se han hecho efectivas. Otras, en la medida en que el programa o el plan integral de reparaciones identificó programas sociales que podían dar cobertura en vivienda, educación, etcétera, no han sido efectivas ni han cubierto un gran número de víctimas. Tienen otro enfoque. Por ejemplo, en los temas de vivienda, debes tener capacidad económica para poder calificar. Un tema que está pendiente es que las reparaciones no son las obligaciones de derechos sociales que tiene el Estado, pues tienen otra naturaleza. El sistema de salud también está pendiente de adecuación. Se les dice que van a ser incorporados al SIS, sin embargo, las personas que han sufrido tortura o cuyos familiares fueron desaparecidos requieren de otro tipo de prestaciones de salud que no son las que recibe cualquier otro ciudadano. Esta agenda histórica incluye también el caso de las esterilizaciones forzadas, que ocurrieron hace varios años y siguen buscando justicia. A todo esto, se suma el caso del 14N, para el cual recientemente se ha creado una comisión. Ahí no vemos una reparación, sino un apoyo a los familiares de Inti y Bryan, no obstante, todo el conjunto de afectados permanece excluidos. Adicionalmente, está el tema de los despojos de tierras en la comunidad de Catacaos. Este es uno de los casos más grandes que venimos acompañando, donde vemos a comuneros siendo criminalizados, pues luego de protestar por sus derechos, terminan empapelados con varios procesos. Están los casos de criminalización contra periodistas, como el caso de Paola Ugaz, y otros periodistas en las regiones. También debemos analizar las afectaciones en determinados territorios o de relocalización que supuestamente tenían que cumplir las mineras y aún no lo han hecho.

Debemos involucrarnos en todos los procesos participativos que se están abriendo con mesas y propuestas de participación. Somos una red de aproximadamente ochenta organizaciones a nivel nacional y parte de nuestra apuesta es el trabajo desde lo local, iniciando en estos espacios los procesos de debate y discusión que den sostenibilidad a la institucionalidad y la democracia. Sostenemos principios democráticos y apostamos a ellos. Estamos dispuestos a respetarlos y a darles soporte a quien le toque ejercer esta institucionalidad. También vamos a participar en el proceso de reforma de salud, venimos buscando la voz experta, pero también la voz de los ciudadanos de a pie. Estamos involucrados en el proceso de construcción de la política nacional de derechos humanos, en ver hoy en día cómo estas políticas atraviesan los distintos planes y programas que tiene el Estado. Hay que analizarlo no solo como un tema que pertenece al sistema de justicia, sino que atraviesa todos los sectores.

(*) Integrante del área de Comunicaciones.