[Editorial] Escazú: un Congreso contra los derechos fundamentales

Este martes, 20 de octubre, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso ha rechazado la ratificación del Acuerdo de Escazú con un argumento típicamente demagógico y, por supuesto, falaz: que dicho acuerdo lesionaría la soberanía nacional al colocar la decisión última sobre la explotación de nuestros recursos naturales en manos de la jurisdicción internacional. De esa manera, esa comisión, presidida por el fujimorista Gilmer Trujillo, deja en precaria situación derechos fundamentales de numerosos peruanos.

El argumento mencionado se ha vuelto bastante familiar en la política peruana de las dos últimas décadas. Esta vez es empleado en contra de un acuerdo de particular importancia para garantizar los derechos a la información, la participación y la justicia en materia ambiental, pero la misma idea surge de manera recurrente cuando se habla del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se trata, como se ha dicho, de una grosera falacia que explota sentimientos nacionalistas básicos y que aprovecha y fomenta la falta de información predominante en la sociedad. La soberanía nunca es afectada por los acuerdos que suscribe el Estado peruano; ella es ejercida, precisamente, en el acto de adoptar una obligación internacional con la intención de dotar a los ciudadanos de un marco más robusto para la protección de sus derechos. Por lo demás, no hay ni una línea en el acuerdo que ponga en duda la soberanía del Estado peruano sobre su territorio amazónico. Todo lo contrario, el acuerdo declara expresamente la soberanía de cada Estado sobre su territorio. Y, como se sabe, el recurso a la jurisdicción internacional solamente tiene lugar, en el marco de un acuerdo como este o en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, una vez agotados los canales que ofrece la jurisdicción nacional.

El Acuerdo de Escazú habría implicado perfeccionar el marco institucional vigente en el Perú en materia ambiental y, en todo caso, hacerlo más fuerte y efectivo. Se trata de un acuerdo que, de haber sido ratificado, habría conducido al Estado peruano a mejorar los canales de información a la ciudadanía, y en particular a aquella potencialmente afectada por decisiones que impactarían sobre su entorno, así como a proveer canales efectivos de participación en la toma e implementación de tales decisiones. Pero además podría haber llevado a elevar los estándares y las prácticas de administración de justicia sobre temas ambientales.

Todo ello queda frustrado, por el momento, con esta decisión en la cual están implicados, además de Fuerza Popular, organizaciones como Acción Popular, Unión por el Perú, Alianza por el Progreso, Podemos y Frepap. Se debe tener en cuenta, por lo demás, que estamos hablando de un sector en el cual el abuso empresarial es constante y donde abundan, además, industrias o empresas que actúan al margen de la ley. Así, el Congreso no solamente se niega a brindar protección a los derechos de la ciudadanía, sino que también socava el esfuerzo por afirmar la legalidad del Estado mediante mayor vigilancia ciudadana y un ejercicio más vigoroso de la justicia.

Es indispensable mencionar, por último, que el Acuerdo de Escazú destaca también por contener disposiciones para la protección de las personas que trabajan en la defensa del medio ambiente. Según la Defensoría del Pueblo, en lo que va del año 2020 cinco defensores han sido asesinados en el Perú.

El Congreso se muestra no solamente indiferente, sino incluso hostil a aquello que debería ser su preocupación fundamental, que es fortalecer los derechos de la población. Contrariamente a eso, se convierte en eco e instrumento de intereses económicos que ven en la legalidad nacional y en los consensos internacionales simplemente un estorbo.