[Editorial] Una medida que favorece a la corrupción

Resulta sumamente preocupante la intención del Congreso de la República de distorsionar la figura de colaboración eficaz hasta el punto de hacerla prácticamente inoperativa. Ese sería el resultado práctico del dictamen ya aprobado en la Comisión de Justicia y dirigido a modificar la actual ley de colaboración eficaz, que ha sido hasta el momento un instrumento importante para la lucha contra la corrupción.

Entre los diversos defectos que tiene esta propuesta de modificación se cuenta la imposición de plazos perentorios para que la Fiscalía corrobore lo dicho por el aspirante a ser colaborador. Ello, como se sabe, es inadecuado tratándose de casos sumamente complejos, como aquellos en los que, precisamente, se recurre al empleo de colaboradores eficaces. Además, se plantea medidas punitivas contra quienes hagan conocer públicamente los testimonios dados por los colaboradores.

Se trata, en suma, de una medida claramente dirigida a estorbar las investigaciones sobre casos de corrupción. Los que suscriben ese dictamen favorable son congresistas de Perú Libre, Fuerza Popular, Acción Popular, Avanza País y Renovación Popular. Hablamos, así, de fuerzas políticas enfrentadas enconadamente, pero que se ponen de acuerdo sin problemas para dar una medida que en la práctica desalienta a la colaboración eficaz y favorece a la corrupción y a la impunidad.

Cabe recordar, por otro lado, que este no es el único asunto perjudicial para el país para el cual se unen varias de esas fuerzas. Tenemos también, como ejemplo, las medidas para derribar el intento de reforma del sistema universitario, así como aquellas que protegen al transporte informal.

En todos esos casos se trata de decisiones diametralmente opuestas a las necesidades y urgencias de la población. El transporte informal es la causa de numerosos accidentes de tránsito y pérdidas de vidas humanas. Las universidades de baja calidad constituyen una rémora para la educación superior y defraudan crónicamente las expectativas de centenares de miles de jóvenes que buscan una formación profesional. La corrupción es uno de los principales problemas que enfrenta en el país, no solo por las pérdidas materiales que ella supone, sino también por su poder para desnaturalizar a las instituciones del Estado y, por esa vía, para deslegitimar al sistema democrático. Y, sin embargo, los diversos grupos políticos del Congreso encuentran siempre un rápido consenso para impedir cualquier forma de solución a esos problemas.

El caso actual es especialmente preocupante, pues no se puede desconocer que la severa crisis política que hemos experimentado en los últimos cinco años está enhebrada con gigantescos casos de corrupción. Derribar la lucha contra la corrupción no es únicamente, así, garantizar la impunidad, sino también es una manera de prolongar y de profundizar esta crisis.

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