[Editorial] Crisis de confianza

La denegación de la confianza al gabinete Cateriano por el Congreso coloca al país en una situación de honda incertidumbre en un momento particularmente grave: cuando se necesita decisiones firmes (y más acertadas) para mitigar una crisis sanitaria que no cede, y cuando se hace urgente aliviar las pérdidas y el sufrimiento causados por la paralización económica del país por causa de la pandemia.

Decir que en este episodio se ha puesto de manifiesto la pobre calidad política de la actual representación parlamentaria es acertado y al mismo tiempo insuficiente: en rigor, hay muy poco de contenido político, y menos aún de interés público, en esta hostilidad del Congreso hacia la propuesta ministerial del Ejecutivo. El elemento dominante es descarnadamente interesado. Se trata del aborrecimiento de ciertos grupos políticos, representantes de gigantes negocios en el sector de la educación superior, a las políticas de mejora de la universidad peruana encarnadas en la SUNEDU, políticas que implican fiscalización y mayores exigencias a las universidades que ellos explotan. Detrás de las bancadas cohesionadas por ese interés se han colocado como furgón de cola otros grupos también interesados en desestabilizar u obstruir ciertos puntos de agenda nacional como la reforma política.

Ahora bien, señalar esta orientación del Congreso no impide desconocer las insuficiencias y los favoritismos de la agenda que planteó el gabinete Cateriano. Ya desde la designación del nuevo primer ministro se había advertido en su discurso un sesgo marcadamente economicista y poco preocupado por las urgencias sociales y la protección de los derechos fundamentales de determinados sectores de la población. En el contexto actual eso se expresa en un énfasis en una reactivación económica centrada en incentivos para las grandes empresas y en la explotación de recursos naturales, y en un relativo silencio sobre los derechos laborales y sobre los derechos de sectores vulnerables como, por ejemplo, los pueblos indígenas.

Esa orientación se materializó en la presentación del primer ministro en el Parlamento con su proclamación de que el Perú es un país minero lo cual, si algo tiene de cierto, deja de serlo cuando se plantea como una exclusividad o como una justificación de favoritismos y de atropellos. Pero, además de ese énfasis, destacaron omisiones elocuentes. Poco o nada se dijo sobre el papel de diferentes actores sociales ante los retos que se presentan y ante los problemas que afectan cotidianamente a la población: la descentralización y los servicios públicos; la postura del Estado ante el desempeño de algunos sectores empresariales como las empresas prestadoras de salud o aquellas que deberían mejorar sus sistemas de atención en lugares lejanos de los centros urbanos, y otros temas cruciales.

También fue ostensible el silencio sobre políticas laborales que respondan a la gravedad de la situación, lo cual implicaría propuestas concretas sobre desempleo, subempleo, inequidades basadas en género o etnia u orientación sexual, y varios otros temas afines. Y, de manera muy notoria, tampoco se oyó un mensaje sobre cómo reajustar o replantear la política de lucha contra la pandemia, dados los resultados innegablemente penosos que estamos presenciando. Por el contrario, lo predominante fue la continuidad de lo ya conocido, una adaptación de las normas de contención a las necesidades de apertura económica, y un profundo silencio sobre cómo abordar los problemas de atención a la salud de los grupos más vulnerables como pueblos indígenas, grupos en situación de pobreza o la población migrante.

Pero todas esas omisiones y tendencias del gobierno tendrían que ser corregidas como parte de un debate político y público y reorientadas dentro un cauce institucional. La denegación de la confianza del Congreso, y la suspensión política que eso genera, no obedece a un desacuerdo con esa orientación, sino a los cuestionables intereses mencionados arriba. No es expresión de un desacuerdo político sino la ejecución de una represalia. Todo ello tiene una implicancia de largo alcance. El ideal de construir un Estado más funcional, más responsable ante la ciudadanía, más inclusivo de las necesidades e intereses de diversos sectores sociales, demanda política y demanda institucionalidad. El Congreso rehusó otorgar un voto de confianza al Ejecutivo, pero, al hacerlo, ha pulverizado todavía más la confianza de la ciudadanía en instituciones cruciales para la democracia, como el mismo Congreso.